El real decreto ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública redactado por el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero, creó un vacío legal en determinadas operaciones financieras que fue aprovechado por Nueva Rumasa para realizar las emisiones de pagarés objeto de la polémica. Hasta entonces, esas operaciones eran vigiladas por el Ministerio de Economía y, si observaba alguna irregularidad, el ministro —en aquellas fechas, Pedro Solbes— tenía la potestad de no autorizarlas. Sin embargo, el mencionado real decreto eliminó esa facultad del ministro y dejó fuera del control de la CNMV emisiones como las realizadas por Nueva Rumasa, de la familia Ruiz-Mateos.
Este grupo ha llevado a cabo cuatro emisiones de pagarés en los dos últimos años, prometiendo unos intereses de entre el 6 y el 10% a cientos de inversores. Ese real decreto ley modificó la ley 24/1988 del Mercado de Valores y, por ejemplo, establece diversas excepciones a la obligación de publicar un folleto informativo, entre las que se encuentra la de aquellas ofertas de valores cuyo valor nominal unitario sea al menos 50.000 euros. Precisamente, ese es el caso de las emisiones de Nueva Rumasa.
«Poco podíamos hacer»
Es decir, que antes de las modificaciones introducidas por el real decreto ley 5/2005 el Ministerio de Economía y Hacienda hubiera podido determinar que debían someterse a su autorización previa, ya que los rendimientos prometidos eran exigibles, en su totalidad o en su mayor parte, en plazos superiores a un año, concretamente de 12 o 18 meses, subraya Facua. El portavoz de esta asociación subraya que la CNMV «está atada de pies y manos» y lo único que pudo hacer fue limitarse a emitir advertencias —realizó hasta siete comunicados— sobre las ofertas de las empresas de Ruiz-Mateos. En este punto, la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, aseguró ayer tras el Consejo de Ministros que el Gobierno y la CNMV «hicieron todo lo que estaba en su mano» para avisar a los inversores sobre la emisión de pagarés de Nueva Rumasa. Recordó que «cambiamos la legislación (en 2010) para que esas emisiones tuvieran que ser realizadas a través de un intermediario financiero» y que la CNMV dio «hasta siete avisos» en los que recomendaba a los inversores que «debían informarse bien de las características de la emisión y de los riesgos asociados. Sinceramente, creo que poco más se puede hacer».
Uno de los casos más llamativos es el de la empresa Carnes y Conservas Españolas (Carcesa), una de las diez compañías del grupo Nueva Rumasa que se han acogido al «preconcurso» de acreedores. Lanzó en febrero de 2009 una emisión de pagarés que le permitió ingresar 70 millones prometiendo y ese mismo año prestó otros 124 millones a varias empresas del grupo, según consta en las cuentas de la sociedad de 2009. La empresa indicó en el folleto de la emisión que el importe captado entre los inversores se destinaría a adquirir nuevas compañías, pero durante todo el ejercicio únicamente se compró una empresa, Quesería Menorquina, que figura con un valor contable de 1,7 millones. En 2009, Carcesa aprovechó también para reducir su deuda a corto plazo con varias entidades financieras, de modo que pasó de 28,9 millones a 18,7 millones, al tiempo que prestó 124,3 millones a otras empresas del grupo.
Por otra parte, la familia Radó no se plantea renegociar la deuda con Nueva Rumasa y estudia la adopción de nuevas acciones judiciales por impagos en una operación de venta de hoteles, después de la demanda que propició que un juzgado de Madrid ordenara el embargo preventivo de siete fincas del grupo, según Ep.
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