Comprometidos con el empleo. Nueva Rumasa está a punto de perder hasta su eslogan. Su empresa láctea, Clesa, presentó ayer ante la Dirección General de Trabajo un Expediente de Regulación de Empleo temporal (ERTE) de seis meses de duración para la totalidad de su plantilla en Madrid, integrada por 307 trabajadores.
Pero lo peor para la plantilla es que a la espera de que haga lo mismo también en la planta de Pontevedra -se espera que la medida afecte así en total a 500 empleados- la familia Ruiz-Mateos está trabajando ya sobre una plan de reestructuración que contempla más de mil despidos. En el caso de que finalmente se hiciera efectivo, más del 10 por ciento de la plantilla se quedaría así en el paro.
El pasado martes, durante la rueda de prensa en la que anunciaron que al menos tres compañías iban a entrar en concurso de acreedores, los hermanos Ruiz-Mateos reconocieron ya que podría haber despidos, aunque hablaron de una cifra algo menor. "Serán los menos posibles", indicaron.
Tres meses sin cobrar
La cifra inicial que se planteó iba de 500 a 1.000, pero según han informado a elEconomista fuentes internas de la empresa, el número final podría ser bastante más alto y superar esta última cifra. Distintos miembros de la familia han hecho en los últimos días autocrítica en este sentido: "Intentamos mantener a toda costa el empleo y nos equivocamos".
Distintos miembros del comité de empresa de Clesa explicaron ayer a elEconomista que "lo más urgente en este momento es que se aplique el ERTE porque al menos así podremos empezar a cobrar". Según dicen, los Ruiz-Mateos les deben, al margen de atrasos de 2010, la paga de Navidad, la práctica totalidad de la de enero y la de febrero.
"Ahora mismo tenemos que venir a trabajar, pero ni cobramos ni podemos hacer nada porque las máquinas están paradas y no se está produciendo nada desde hace más de una semana", aseguran. En la misma situación se encuentran también las fábricas de la láctea en Caldas (Pontevedra) y la de Royne en Leganés (Madrid), que previsiblemente se verán afectadas también por otros expedientes de regulación.
La situación es tan grave que, ayer, el secretario general del sindicato de UGT en Madrid, José Ricardo Martínez, llegó a acusar a la familia Ruiz-Mateos de incurrir, presuntamente, en prácticas "casi delictivas", pidiendo la intervención inmediata en el asunto de la Administración Central.
Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, afirmó ayer que desde el Ejecutivo se adoptarán medidas para garantizar los empleos de Nueva Rumasa. Según explicó, el Gobierno dará el mayor respaldo a las medidas que, a través del Ministerio de Trabajo e Inmigración, se vayan adoptando para tratar de garantizar los puestos de trabajo de las empresas del holding, dada la situación que atraviesa la compañía de la familia Ruiz-Mateos.
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