España no crecera hasta 2017

Cuando las previsiones del Fondo Monetario Internacional calculan que España sólo crecerá por debajo del 2% al menos hasta 2017, las alarmas de un modelo de funcionamiento socio-económico como el español, que no funciona, se han disparado. Y los empresarios -especialmente los más grandes, lastrados por la marca-España, y cuyas compañías necesitan un marco socio-laboral profundamente reformado- han comenzado a distanciarse de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales que, trabada en el diálogo social con las Centrales Sindicales, entienden que responde a un modelo superado por las circunstancias.

Aunque la elección de Juan Rosell ha sido bien acogida -y se valoran positivamente las reformas que tiene previstas para desburocratizar la organización-, la constitución del Consejo Empresarial de la Competitividad viene a ser una respuesta operativa y contemporánea a un sistema de negociaciones y acuerdos con los sindicatos propio de otros tiempos. Y así, mientras la CEOE trata con CCOO y UGT la reforma de la negociación colectiva -un acuerdo que debía haberse alcanzado en marzo y que ya se duda pueda culminarse en abril-, las diecisiete grandes compañías reunidas en la CEC han remitido al Gobierno sus propuestas al respecto, no sólo sobre este asunto -que afecta directamente a la competitividad- sino a otros varios.

Por su parte, el influyente Círculo de Empresarios de Madrid que preside Claudio Boada ha emitido una declaración institucional que dispara al corazón del endogámico e ineficiente diálogo social. Según el Círculo madrileño -en sintonía con otros en España, como el de Barcelona-, los “representantes de todos los españoles no pueden limitarse a ser meros ratificadores de un acuerdo entre partes”, y propone -con una lógica aplastante- que el debate se abra extrayéndolo de la celda en la que CEOE y Sindicatos recluyen sus negociaciones con la intención de que tanto el Gobierno como las Cortes las asuman sin más.

La discrepancia sobre el modo en que CEOE está manejando la interlocución sobre la negociación colectiva no es más que un pretexto -importante, pero pretexto- para revisar el sistema actual de relación entre las empresas y los sindicatos y de ambas instancias con el Gobierno, y, en definitiva, con el poder legislativo. Hoy por hoy, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales se justifica en buena medida por la existencia permanente del diálogo social que es lo que, en el fondo, impugna una parte importantísima del empresariado español. El traído y llevado diálogo social pudo tener sentido en un contexto histórico, político, social y económico, diferente, no globalizado. Pero, con la crisis y sus desafíos, carece de sentido en la extensión que pretenden sus interlocutores.

El propio presidente del Gobierno, al citar directamente en dos ocasiones a los grandes empresarios y gestores de las principales compañías españolas en la Moncloa, estaba quebrando el modelo de representación empresarial. En el primero de los encuentros empresariales no acudió, por la situación personal por la que atravesaba el entonces presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. Si asistió Juan Rosell en la segunda convocatoria, pero lo hizo, incluso hasta protocolariamente, como uno más de los ejecutivos reunidos en el palacio presidencial. El mismo Rodríguez Zapatero, estaba enviando un mensaje nítido al mundo empresarial al dispensar al líder de la CEOE un status diferente del que venía gozando hasta el momento, es decir, menos relevante y en pie de igualdad al de cualquiera de los convocados.

Obsolescencia de CEOE y las Cámaras

La escisión del empresariado en España aparece como una consecuencia -más positiva que negativa- de la propia crisis que, a algunos efectos, tiene que depurar mecanismos insolventes

Por otra parte, junto a las grandes empresas, el fortísimo Instituto de la Empresa Familiar -presidido por el propietario de Mago, Isaac Andic- se ha vinculado estrechamente al Consejo Empresarial de la Competitividad -liderado por Telefónica, los dos grandes bancos, Iberdrola y Repsol- en la misma medida en que se ha distanciado, como aquellas, de la CEOE. Mientras tanto, por el camino, ha caído Gómez-Navarro, ya ex presidente del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, a las que el Gobierno ha asfixiado económicamente al suprimir la obligatoriedad de afiliación de las empresas con pago de la correspondiente cuota. De tal manera que las dos grandes expresiones de la presencia articulada en la sociedad del empresariado -CEOE y Cámaras de Comercio-, han entrado en un proceso de obsolescencia casi simétrico al de las centrales sindicales cuyo papel es cada día más desvaído y que precisa de una reactualización urgente.

El cisma empresarial no está siendo traumático en las formas -la colisión entre el Círculo de Empresarios y la CEOE sí ha sido abrupta- pero ha alcanzado un alto grado de irreversibilidad. Los intereses de lo que preferentemente representa la organización empresarial tradicional -en la que se reflejan especialmente la pequeña y mediana empresa-, difieren de los de las grandes compañías que entienden superado por las circunstancias el elemento central de convergencia entre la CEOE y los Sindicatos: el diálogo social. Que no se extinguirá, pero adoptará procedimientos y maneras diferentes y, seguramente, más versátiles y menos burocratizadas.

La Constitución española, en su artículo 7º, se refiere a “los sindicatos y asociaciones empresariales” como factores de defensa y promoción de los “intereses económicos y sociales que le son propios”, pero establece que su “creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley”, añadiendo que su “estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. El precepto constitucional permite, pues, someter a revisión el modo y manera de cómo los empresarios se organizan para la defensa de sus intereses. Por otra parte, insisto en la cada vez mayor importancia de los Círculos de Empresarios que, impulsando los debates temáticos, están creando fuertes corrientes en la opinión pública.

Lo esencial, antes de que estalle un conflicto público y todavía más abierto entre la CEOE y el Consejo Empresarial para la Competitividad y el mismo Instituto de Empresa Familiar -descontado que las Cámaras de Comercio tienen ya fecha de caducidad- es que se exponga abiertamente la situación de divergencia -en la práctica, de escisión- para un reajuste de la presencia empresarial en la sociedad española con un sentido prospectivo: pensando más en el futuro difícil que se nos viene que en la reiteración de fórmulas de negociación -por ejemplo, el diálogo social- que restan margen al debate público y legislativo, que provocan endogamia negociadora y opacidad y que condicionan, no sólo al Gobierno y al Parlamento, sino, más allá de lo razonable, a un sistema empresarial diversificado y global al que el modelo actual no le sirve porque no está a altura de los retos de la globalización.

La escisión del empresariado en España aparece así como una consecuencia -más positiva que negativa- de la propia crisis que, a algunos efectos, tiene que provocar catarsis y depurar mecanismos insolventes. Y este debate empresarial no es menos importante del que afecta al papel y viabilidad de los sindicatos. Todo se está poniendo en trance de revisión: es el signo de los tiempos.