Las empresas ya han despedido y ahora les toca a las administraciones públicas. Esta es la síntesis de la idea lanzada esta misma mañana por el presidente de la CEOE, Juan Rosell, en su intervención ante la Asamblea General ordinaria de la patronal. Según su balance de la actual situación económica, el actual ajuste sobre la inversión "debe ser sustituido por una reducción del gasto corriente si no se quiere comprometer la recuperación económica".
Para esto, "no basta una reducción horizontal del salario durante un año" de los empleados públicos tal y como se ha hecho en 2011, sino que será necesario "reducir en miles" el número de trabajadores del Estado central y otros tantos de las comunidades autónomas que, según dijo, "no tienen competencias", tras los procesos de descentralización.
"Hay que reducir el número de empleados públicos en las actividades menos necesarias o duplicadas por otras Administraciones", continuó Rosell. En esta línea, reclamó una mayor participación de agentes privados "en la producción, que no sólo en la provisión" de servicios públicos; así como más participación público-privada en la financiación de infraestructuras. Y consideró que se deben abordar las pérdidas del sector público empresarial, poniendo como ejemplo "los elevados déficit de las televisiones públicas que aconsejan su privatización".
La Asamblea General de los empresarios aprobó aplicar su propia medicina a su organización, por lo que el responsable de las cuentas patronales, Jesús Morte, anunció que recortará su presupuesto un 10% en 2011 (tras registrar un déficit de 97.000 euros en 2010); e impondrá "nuevas medidas de control del gasto y racionalización de infraestructuras, incluidas las de personal".
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