Dos Legislaturas de Despilfarro y endeudamiento Galopante!!!!

Después de dos legislaturas de despilfarro y endeudamiento galopante, y sólo un día más tarde desde que se conociera que el gasto de las autonomías sigue fuera de control, la reacción de Mariano Rajoy presentando un amplio paquete de medidas articulado en torno a los principios de austeridad, transparencia y empleo, supone un soplo de aire fresco que permite albergar esperanzas en una recuperación que termine de una vez por todas con la virulenta tragedia del paro y con el no menos sangrante descrédito en que ha sumido al país el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Frente a los socialistas –que han llevado a España a un callejón de difícil salida, con un situación de desajuste fiscal ensombrecido por el derroche autonómico, una deuda pública que este año superará el 60% del PIB, una prima de riesgo peligrosamente estable en torno a los 230 puntos básicos y una crisis profunda que nos ha convertido en campeones del paro y en el hazmerreír de Europa–, las medidas propuestas por el líder del Partido Popular van en la buena dirección. Entre ellas destacan la fijación de un techo de gasto en línea con el de los Presupuestos Generales del Estado; impulsar una reforma del sector público reduciendo entes y organismos públicos; limitar el número de consejerías a un máximo de 10 por autonomía; adelgazar las delegaciones provinciales y disminuir el número de altos cargos y personal de libre designación, o minorar el disparatado parque de coches oficiales.

La limitación del gasto público es esencial para salir cuanto antes de la actual crisis, y en esta tarea se deben emplear a fondo todas las Administraciones, y, muy especialmente, las autonómicas. De hecho, el anuncio de Rajoy ha venido prácticamente a coincidir con la noticia de que el déficit de las autonomías va muy por encima de las previsiones y ya duplica el generado por la Administración central. Y, en este sentido, resulta muy relevante la imposición de un techo de gasto a las comunidades, como exitosamente ha hecho Alemania, y que Zapatero no se ha atrevido a hacer para no incomodar a los barones del partido. Pero no menos necesaria es la reforma del sector público autonómico para recortar el colosal número de entes y organismos que han florecido en los últimos años, y que suponen una vía de gasto y endeudamiento tan poco edificante como transparente.

Un dislate económico fruto de la inclinación de los dirigentes políticos a crear mastodónticos aparatos burocráticos y que ha derivado en la insostenible paradoja de que España cuente ya con 3,2 millones de empleados públicos. Sólo en el último año, mientras las empresas han destruido 230.000 empleos, el sector público ha creado 98.000. Una peligrosa realidad que hará necesaria –tal y como acertadamente ha anunciado Rajoy– la realización de una auditoría general que deje muy claro cuál es el estado real de las cuentas de los ayuntamientos y comunidades autónomas que van a pasar a ser gobernados por el PP, ante las fundadas sospechas de que los agujeros puedan ser mayores que los oficialmente contabilizados.

Por suerte, no estamos ni ante un brindis al sol ni ante los cantos de sirena a los que nos tiene acostumbrados Rodríguez Zapatero, quien ayer volvía a hacer alarde de su optimismo patológico con el dato del paro de mayo. Por fortuna, las propuestas de Rajoy cuentan con el aval de las medidas ya instrumentadas en las autonomías en que ha gobernado el PP. No obstante, haría bien en concretar en hechos estas propuestas en todas las Administraciones que vayan a ser gobernadas por los populares. La austeridad, frente al despilfarro intolerable de Zapatero, debería convertirse en la seña de identidad del PP allá donde gobierne. En su afán por embridarlo, Rajoy puede probar su capacidad y determinación para asumir como presidente del Gobierno los retos de la economía española.