El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha admitido a trámite una querella contra José María Ruiz-Mateos, su mujer, María Teresa Rivero, y sus seis hijos varones y un sobrino presentada por 63 querellantes que, junto a dos denunciantes, invirtieron un total de 9,44 millones de euros en pagarés de Nueva Rumasa.
El magistrado ha adoptado hoy esta decisión en un auto dictado después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara ayer la admisión a trámite de la querella en un escrito en el que señalaba que se han identificado a 1.017 inversores que suscribieron pagarés de distintas empresas de Nueva Rumasa por un importe de 90.496.357 euros, según los datos disponibles hasta diciembre de 2009.
Ruz, que se declara competente porque hay multiplicidad de perjudicados en más de una audiencia, fija una fianza por responsabilidad pecuniaria de 13 millones de euros para los responsables de Nueva Rumasa, que deberán abonarla una vez que el magistrado disponga de la información recabada de los distintos Registros Mercantiles.
El juez explica que durante el curso de la instrucción "se deberá limitar con mayor precisión el importe de las presuntas defraudaciones llevadas a cabo, así como el destino último dado por los querellados a las cantidades desembolsadas por los inversores".
Además, pide a la Unidad Central de Delitos Económica y Fiscal (UDEF) y a la Agencia Tributaria toda la documentación que tengan sobre las sociedades de Nueva Rumasa. Ruz descarta investigar la actuación de la CNMV y del Banco de España por responsabilidad civil subsidiaria del Estado, tal y como pedían los querellantes.
El juez se acoge a las acusaciones de los fiscales Juan Pavía y Alejandro Luzón que se pronunciaron a favor de la apertura del proceso penal por dos de los cuatro delitos denunciados -estafa e insolvencia punible-, tipificados en los artículos 248 y 252 del Código Penal, respectivamente. La Fiscalía descartó la acusación por delito fiscal.
El juez centra la causa en los 1.017 inversores que depositaron 90,4 millones de euros, identificados por la Fiscalía. A estos habrá que sumar los que adquirieron pagarés hasta enero de 2011. A partir de ahora, el resto de inversores (cerca de 5.000) podrán adherirse a la querella y ser parte del proceso como acusación particular.
Investigación de sociedades
El juez pide al Registro Mercantil y a los juzgados de lo mercantil toda la información sobre las sociedades que emitieron o avalaron los pagarés, todas ellas en situación concursal o pendientes de declaración de insolvencia.
Los pagarés fueron emitidos, con una inversión mínima de 50.000 euros, por las sociedades Carcesa, Inversiones Ruiz-Mateos, José María Ruiz-Mateos, y Maspalomas Hoteles, avalados en su mayoría por Grupo Dhul y Clesa, así como Hibramer.
Las investigación sobre las operaciones de pagarés también afectan a las sociedades Rumanova, Bardajera, Carnes y Conservas Españolas y Bodegas Valdivia de Cádiz.
La Fiscalía Anticorrupción lleva investigando a Nueva Rumasa desde marzo de 2010, tras recibir una denuncia por parte de la Agencia Tributaria a raíz de las advertencias emitidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la comercialización de los pagarés.
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