Los consejos de las entidades aún cuentan con una elevada presencia de cargos electos, un año después de que el Gobierno cambiara la ley para profesionalizar la gestión.
playLa profesionalización de las cajas de ahorros dista mucho de ser una realidad. Las 36 entidades (entre cajas, SIP y bancos de nueva creación) tienen a 239 políticos en sus consejos de administración. Estos representantes públicos, en activo o retirados, representan casi el 40% del total de consejeros de las cajas (37%).
La lista, elaborada por EXPANSIÓN, incluye a cargos electos en la Administración Central, en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos y en las diputaciones. Además, también se han contabilizado a quienes alguna vez hayan formado parte de listas electorales (independientemente de que hayan o no obtenido el cargo) y a las personas que han sido parte de los gobiernos (sólo en el primer nivel, como ministros, consejeros regionales o concejales). Para la definición de político no se ha tenido en cuenta los puestos de técnicos en las Administraciones ni cargos por debajo de Ministro, como directores generales o secretarios de Estado.
La elevada presencia política es consecuencia de la tradición histórica que tienen estas las entidades de albergar a representantes públicos en sus órganos de gobierno. A esta coyuntura se ha unido las duplicidades de consejos generadas por las fusiones, ya que en varios casos las cajas participantes en procesos de integración mantienen sus propios órganos de gobierno, que conviven con los de las entidades de nueva creación.
El peso de los cargos electos se mantiene todavía, casi dos años después de que se iniciara la reestructuración del sector, con la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) en julio de 2009. Además, la presencia continúa a pesar de los límites introducidos por el Gobierno español en la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA), modificada en julio del año pasado.
Estos cambios suponen que las administraciones públicas, entidades y corporaciones de derecho público en dichos órganos de gobierno de las cajas no podrán superar el 40 por ciento de los derechos de voto. El Gobierno, no obstante, fija un periodo de transición, de tres años, para que estos cargos políticos electos y representantes de las administraciones públicas salgan de los órganos de gobierno de las cajas. A su vez, el 50% de los miembros del consejo tendrá que tener cualificación y experiencia en el sector financiero.
Loss cambios en la LORCA obligan a modificar las leyes de cajas regionales. Este proceso se encuentra en distinto estado de tramitación, en función de las autonomías y de la rapidez de las cajas en aplicar los cambios legales a sus procesos electorales. Cuando finalicen, la presencia política se reducirá.
Consejos grandes y muy superiores a la media de las empresas del Ibex
Si bien la salida a bolsa es una opción que se han planteado las cajas para recapitalizarse, esta alternativa no es un camino libre de obstáculos. No sólo por el bajo interés que está demostrando el mercado por las últimas OPV, sino porque salir a bolsa implica también rendir cuentas de las normas que recoge el Código Unificado de Buen Gobierno. Este texto hace especial hincapié en dos aspectos: la independencia de los consejos y que estos órganos de gestión no estén sobredimensionados. En este sentido, las cajas tienen mucho camino por recorrer. Un ejemplo, Caja España-Duero, que supera los treinta miembros, mientras que la media de las compañías cotizadas del Ibex 35 se sitúa en torno a los 12 vocales. Este escenario también cambiará cuando las cajas apliquen los cambios legales, en varias autonomías, para reducir el tamaño de sus consejos (Bancaja y CAM, por ejemplo).
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