LO que ha venido a dictar el Tribunal Constitucional, no sin cierta altanera suficiencia —«simples sospechas», «irrelevante contenido», «insuficiencia probatoria»— es que el Tribunal Supremo, la Policía, la Guardia Civil, la Fiscalía General y la Abogacía del Estado se equivocaron e incluso excedieron al negar a Bildu el acceso a las urnas. ¿Es posible? Naturalmente. Como pudo equivocarse el Constitucional, al ser de humanos errar. Pero es quien tiene la última palabra y hay que acatarla. Lo que no quiere decir compartirla, como hicieron ya cinco de sus miembros. Por no hablar de la mayoría de los españoles. ¿También el Gobierno? Rubalcaba nos dice que no dieron instrucciones al Tribunal. Por una vez, hay que creerle. ¿Para qué necesitaban darle instrucciones si lo habían elegido ellos?
Mientras los nacionalistas nos ofrecen el farisaico consuelo de que la sentencia tiene enmienda: si alguno de los concejales de Bildu muestra que no ha roto sus lazos con Batasuna —es decir, con ETA— será desposeído del cargo según la nueva legislación. Pero ¿cómo se demuestra eso? ¿Tendrá que participar en un atentado o hacer apología del mismo? ¿Bastará la condena genérica del terrorismo? ¿Podrá invocar el derecho a no autoincriminarse u otro parecido? Quiero decir que, del mismo modo que se ha tenido prisa en defender los derechos de quienes hasta ahora no habían hecho el más mínimo reproche a ETA, podía haberse tenido un poco de paciencia para exigirles que demostraran con hechos, no simples palabras, que habían roto categórica, definitiva y contundentemente con la banda terrorista, ¿Era mucho pedir después de tan larga espera de sus víctimas? Pero no se ha tenido, demostrando, en el mejor caso, una falta de sensibilidad grande, y en el peor, una precipitación de la que ojalá no tengamos que arrepentirnos. Bueno, el peor-peor prefiero ni imaginármelo. Pues se mire por donde se mire, esto ha sido un balón de oxígeno a una ETA contra las cuerdas. Ahora puede respirar de nuevo. Los abertzalesvuelven a las instituciones con todas las de la ley y pagados con dinero público. Al final, resulta que Mayor Oreja tenía razón. ¡Y miren ustedes cómo le habían puesto!
Otra de las pocas cosas que han quedado claras es que sobra uno de nuestros más altos tribunales. Un Constitucional corrigiendo a un Supremo sólo trae confusión y desprestigio a la Justicia, al no poder ser algo legal e ilegal al mismo tiempo. Aunque más contribuye todavía el haber puesto en manos de los políticos las magistraturas superiores, rompiendo así la primera ley de la democracia: la separación de poderes. Desde que Franco salía bajo palio de las catedrales, no se había visto tan confuso maridaje de Estado.
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