De hecho, España fue un caballo de carreras durante el período expansivo 1996-2007. Además, no hay crisis ni, sobre todo, mal Gobierno que cien años dure.
Pero de momento, la maltrecha economía hispana es un jamelgo con pulgas, y mostrar entusiasmo por un crecimiento interanual del 0,8 por ciento, pese lo que le pese al FT, es una broma. En las actuales circunstancias y siguiendo con las metáforas equinas, la economía nacional se parece en estos momentos más a Rocinante que a Babieca.
La intervención si no hay plan de austeridad
A pesar de todo, sigo leyendo a JCD con interés y divertimento, y lamento que eso no sea recíproco. Entre otras cosas, porque eso lleva a descalificar un estudio que se desconoce. Escribir de oídas no es serio.
JCD afirma que, en un informe de Freemarket CI publicado en mayo de 2010, quien escribe estas líneas sostenía que España "no podría hacer frente a sus vencimientos de bonos en julio y sería intervenida". Esto no es correcto. Mi tesis era que, ceteris paribus, a la vista de la evolución de la crisis de deuda europea, la intervención se produciría si no se articulaba un plan de austeridad fiscal riguroso, un saneamiento profundo del sistema financiero y no se introducían reformas estructurales capaces de relanzar el crecimiento.
Fue precisamente para evitar esa deriva hacia el abismo por lo que el Gobierno se vio forzado a cambiar de manera radical la orientación de su política económica, si bien lo hecho en esa dirección ha sido y es insuficiente. Esta opinión, a día de hoy, es compartida por la corriente central de los economistas y por el grueso de los organismos internacionales, salvo los que hacen suyo -eso sí, invertido- el viejo lema de Gramsci, "es preferible el optimismo de la voluntad al pesimismo de la inteligencia"
El FT no falta a la verdad en su información del martes 17 de mayo. Es rigurosamente cierto que el endeudamiento de determinados entes y empresas autonómicas y municipales no está incorporado a la deuda oficial de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales (CCLL).
Éstas han utilizado los flecos de la normativa contable europea, SEC 95, para endeudarse mediante la creación de ese tipo de entidades. Ahora bien, esa ingeniería contable no libera a las Haciendas Territoriales (HHTT) de responder de la deuda de sus inis, que se eleva a la nada desdeñable cuantía de 26.400 millones de euros. Por cierto, el link facilitado por JCD para comprobar ese dato es incorrecto. Conduce a las Cuentas Financieras del Banco de España, en concreto al pasivo AF.79.
En 2010, dicho pasivo financiero, restringido por otra parte a las autonomías, fue de una cuantía similar a la cifra que yo aporto, pero no tiene nada que ver con el endeudamiento de las empresas públicas autonómicas y locales, el cual no aparece recogido en las Cuentas Financieras del Banco de España, sino en el Boletín Estadístico de esta institución, capítulos 13 y 14. Con todo el afecto, mi economista socialdemócrata favorito ha hecho una trampilla o ha confundido churras con merinas.
Endeudamiento opaco
Por otra parte, a ese endeudamiento no contabilizado deberá añadirse la morosidad de las Administraciones Periféricas con el sector privado. En este ámbito, la opacidad es total y la información disponible está constreñida a la suministrada por los afectados. Sin embargo, algunos ejemplos ilustran la gravedad del problema; por ejemplo, los 15.000 millones de euros adeudados por las HHTT al sector sanitario o el agujero encontrado por CiU al acceder a la Generalitat, unos 2.000 millones de euros. Parece evidente que ésta es la punta del iceberg de un endeudamiento oculto, sí, de dimensiones considerables.
La hipótesis de un afloramiento de esa realidad es muy alta después de las elecciones autonómicas y locales del 22-M y entonces surgirán los problemas. Es improbable que los nuevos gestores de las CCLL y de las CCAA oculten una herencia que les estallará si lo hacen.
Con un entusiasmo digno de encomio, mi amigo JCD certifica que la última subasta del Tesoro Público ha tenido un exceso de demanda de 15.000 millones y se han colocado 5.500, casi 1.000 millones más que el mes anterior. En consecuencia, el apetito de papel estatal concedería al Tesoro margen de maniobra para resolver, si fuese necesario, "el supuesto problema de financiación de esos 26.000 millones de los que habla el FT".
Que el Gobierno absorba deuda
Esto es elemental, pero sólo supone una cosa, que el Gobierno Central absorba la deuda de las administraciones territoriales; esto es, la deuda regional y autonómica se transformaría en estatal. En cualquier caso, el cambio de los factores no altera el producto, y esa opción supondría el reconocimiento explícito de la insolvencia de las HHTT. Sería una especie de rescate a la griega para las CCAA y las CCLL, pondría en cuestión la credibilidad del modesto programa de consolidación fiscal acometido por el Gobierno y lanzaría una pésima señal a los mercados.
Desde el inicio de la crisis, el debate económico español aparece condicionado y perturbado por un falso y, en muchas ocasiones, interesado patriotismo empeñado en ocultar o camuflar la realidad. El núcleo duro de los economistas cercanos al Gobierno nunca previó o reconoció la gravedad de la situación. Basta remitirse a sus informes y a las hemerotecas. Obviamente, se equivocaron.
Al mismo tiempo se ha intentado identificar las críticas a la gestión gubernamental de la economía con un ataque a España, lo que refleja unos tics inquietantes y un preocupante sectarismo. Cuanto antes se salga de este pernicioso modo de pensar y de actuar, antes podremos enfrentar y solucionar los graves problemas de la economía española.
Lorenzo Bernaldo de Quirós. Miembro del Consejo Editorial de elEconomista.
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