Deficit Cero

Pedro Arahuetes, alcalde de Segovia desde el 2003, aspira a ser reelegido en el cargo el 22 de mayo, cuando los más de 8.000 municipios españoles elegirán a sus gestores para los próximos cuatro años. Cree que no le van a pasar factura las decisiones que ha tomado desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en el 2008 y la crisis que se desató a continuación, cuando conceptos como consolidación fiscal, deuda soberana y déficit público pasaron a llenar día tras día las páginas de los periódicos y los minutos del telediario. El aterrizaje brusco de la economía ha dejado muchos damnificados.

En el caso de Segovia, según cuenta Arahuetes, la crisis le obligó a recortar en un 20% el gasto en las subvenciones a actividades culturales y deportivas, además de bajar el sueldo de los altos cargos del consistorio. "Es doloroso, y, ¡claro que nos gustaría organizar las mejores fiestas o seguir impulsando el deporte, o tantas cosas más!, pero la realidad es que no hay dinero". Al mismo tiempo que Segovia, los próximos alcaldes de Barcelona, Madrid, Toledo, Castro Urdiales, Tafalla, Maó, Alcorisa y el resto de ayuntamientos del país tendrán que hacer lo mismo.

No sólo, ni fundamentalmente, para cuadrar el déficit público, sino, sobre todo, para evitar el colapso. Como presidente de la Comisión de Hacienda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el alcalde de Segovia sitúa la raíz del problema en que en España siguen pendientes de definir tanto las competencias como la financiación de los ayuntamientos. "Los principales partidos del país lo reconocen —él es del PSOE—, pero al final el debate se eterniza y nadie le pone el cascabel al gato".

El diagnóstico está clarísimo. La descentralización administrativa y presupuestaria desarrollada desde la transición ha permitido consolidar, pese a las dificultades, el estado de las autonomías. Los ayuntamientos, en cambio, malviven con unos pocos impuestos propios —sobre bienes inmuebles (IBI) y el de construcciones, instalaciones y obras (ICIO)— y las tasas, que gravan la recogida de basuras y otros servicios municipales. Esto supone alrededor del 80% de los ingresos de un consistorio y el resto proviene de las transferencias del Estado, las diputaciones y autonomías.

El hundimiento del ladrillo ha arrasado con casi todo. Los ingresos provenientes de la construcción —hace tres años se iniciaban 700.000 viviendas en España y ahora apenas se empiezan 100.000— se han evaporado. Y con la crisis castigando a empresas y familias es mal momento para subir impuestos.

"Cualquier iniciativa para incrementar el valor catastral o subir el IBI puede tener consecuencias graves —apunta Valentí Pich, presidente del Consejo General de Colegios de Economistas—, por lo que los ayuntamientos deberán replantearse los servicios que prestan, racionalizar su estructura con la eliminación de consorcios y empresas públicas e implementar métodos de gestión eficiente".

Casi nada. ¿Complicado? Bastante, aunque, de hecho, muchos ayuntamientos ya han empezado a hacer cosas. Pero hace falta más. Un interventor de un municipio destacado del área de Barcelona que prefiere el anonimato añade a lo señalado por Pich un tema espinoso: los gastos de personal. "Las plantillas de muchos ayuntamientos están hinchadas, por lo que si se reducen el 20% de los gastos en sueldos al personal fijo, eventuales y cargos de confianza, los servicios no se resentirían".

El temor real es que, si no se adoptan medidas, puede haber tensiones de tesorería importantes a partir de ahora. El Gobierno aprobó una ley el año pasado por la que todas las pólizas de tesorería de los ayuntamientos deberán ser canceladas antes del próximo 31 de diciembre. "Esto es imposible de cumplir —dice el citado interventor—, por lo que si no hay nuevas soluciones, se multiplicarán los casos de ayuntamientos que no puedan pagar sus nóminas".

Los que ya están afectados por las tensiones son los proveedores. Es una denuncia que se viene repitiendo desde hace meses: los ayuntamientos pagan tarde, muy tarde, y llevan a veces a una situación crítica a decenas de miles de autónomos y pequeñas empresas de servicios que a veces no pueden obtener financiación bancaria con la que cubrirse de los retrasos de la administración.

Antoni Cañete, portavoz de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad y secretario general de Pimec, denuncia que las cifras conocidas no permiten ver la realidad del problema. Los ayuntamientos y el resto de corporaciones locales tienen una deuda de 35.442 millones de euros, según los últimos datos publicados por el Banco de España. Pero a esta cantidad hay que sumarle lo que deben a las empresas y autónomos que trabajan para ellos.

"Nadie da crédito a la gran mayoría de los ayuntamientos, con lo que si no pueden endeudarse por arriba (la banca), lo hacen por abajo (los proveedores)", dice Cañete. La ley de Morosidad es, de momento, papel mojado. En sus primeros meses de aplicación, el plazo de pago de los consistorios ha empeorado, según la citada plataforma, y ha pasado de 154 a 157 días.

No queda más que volver al principio. "Teniendo en cuenta las tensiones en el control del déficit público del Estado y el de las comunidades autónomas, esto sólo se arregla con ajustes fuertes en los gastos y con gestión, gestión y gestión", apunta Javier Suárez Pandiello, catedrático de Economía en la Universidad de Oviedo. La fórmula para evitar la ruina pasa por combinar buenas dosis de racionalidad, eficiencia y un control exhaustivo del gasto. Aunque hay excepciones, estas prácticas no abundan en los ayuntamientos. A partir de ahora, serán impresicindibles.

Pacto para el 2011 y para llegar al déficit cero en el 2014

Los ayuntamientos no son el problema para el control del déficitpúblicoen España, que constituye ahora mismo la prioridad en cuanto a los objetivos económicos del Gobierno. Pero tambiénpreocupan al Ejecutivo, que ha tratado en los últimosmeses de paliar sus necesidades, sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas.El pasado septiembre, el Gobierno llegó a un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias por el que se incrementaron las aportaciones de la administración central desde los 13.200 a los 14.400 millones en el 2011. Y hace sólo una semana, los mismos actores pactaron redcir el déficitde los ayuntamientos hasta el 0,3% del PIB en el 2012 y el 0% en el 2014. Sin embargo, tanto unos como otros saben que queda pendiente el gran acuerdo: aprobar una ley que defina las competencias y resuelva la financiación de los ayuntamientos.