"Lo que mucha gente no comprende”, le decía Sartre a Daniel Cohn Bendit en 1968, “es que ustedes [los jóvenes del mayor del 68] no buscan elaborar un programa, ni dar una estructura al movimiento. Les reprochan querer destruirlo todo sin saber qué quieren colocar en el lugar de lo que derrumban”.
Esta crítica ácida del viejo filósofo a los jóvenes que reventaron las calles de París hace ahora justamente 43 años, no evitó que se convirtiera en uno de los iconos de la revuelta. De hecho, la célebre frase ‘ustedes quieren llevar la imaginación al poder’ la puso en circulación durante esa entrevista el propio Sartre, probablemente uno de los pocos intelectuales que entendieron -con ciertas dosis de oportunismo- que algo estaba cambiando en el mundo.
No es, desde luego, el caso de España, donde la capacidad de análisis y de crítica de la mayoría de los pensadores de izquierda se ha limitado en los años de Zapatero a cuestionar a la ‘derecha extrema’, pero sin ejercer ninguna influencia real sobre el poder político y económico. Como no podía ser de otra manera, tanta sumisión ha acabado por fagocitarlos. Precisamente, porque han buscado una especie de legitimación ideológica a la inversa utilizando de manera torticera el pasado. ‘Soy de izquierdas porque critico a la derecha, no porque haya sido capaz de construir un discurso alternativo’. Como diría Upton Sinclair, para algunos es difícil entender algo cuando su sueldo depende, precisamente, de que no lo entiendan.
Lo peor, con todo, no es la ceguera con la que se ha analizado la ‘era Zapatero’ -un simple aventurero de la política a quien el cargo le ha venido extraordinariamente grande-, sino el hecho de que una determinada izquierda no haya sido capaz de identificar el creciente malestar de la opinión pública. No sólo los intelectuales. También las organizaciones sociales y sindicales que se nutren del presupuesto, y que han confundido la cosa pública con un mecanismo ideado para el reparto de subvenciones. Han aceptado la reforma de las pensiones, por ejemplo, a cambio de mayor visibilidad institucional. Y han arruinado el capital acumulado tras la huelga general contra la reforma laboral sólo para mantener su estatus. Los sucesos de la puerta del Sol, en este sentido, no son más que la plasmación de la ruptura de la izquierda tal y como se ha entendido en los últimos años. Y cuya unidad tan buenos resultados electorales le ha dado al PSOE.
Con todo, lo más relevante de las revueltas que proliferan por España es que no responden a una agresión concreta, por ejemplo, la aprobación de un plan de empleo juvenil como el que dio alas al 14-D; sino que se trata de una crítica política (de raíz económica) de un sistema que se ha hecho prematuramente viejo por ausencia de reformas para perfeccionarlo.
Esa es la cuestión de fondo. El modelo político surgido de la Transición se ha quedado obsoleto en línea con lo que la teoría clásica ha denominado ancyclosis, la tendencia a degenerar que tienen todos los sistemas democráticos. Exactamente igual que les sucede a los organismos vivos. Los sistemas políticos, como recuerda, el profesor Rubio Carracedo, nacen, maduran, envejecen y mueren. Y el sistema político español, como no puede ser de otra manera, no se escapa a este proceso biológico. Está agotado.
Un país sin pulso
Lo curioso del caso es que casi todo el mundo sabía que esto era sí, y ahí están las encuestas del CIS o de otros institutos de demoscopia para poner negro sobre blanco sus carencias. O incluso la Encuesta de Población Activa, probablemente el mejor retrato de un país sin pulso. Desgraciadamente, sin embargo, ha vuelto a hacer más ruido un árbol que cae que un bosque que crece, y eso explica que con tanta información a su alcance -y tanta estridencia inútil- los partidos tradicionales hayan sido incapaces de canalizar buena parte de las demandas sociales. Sin duda espoleadas por un Gobierno torpe como pocos. No es de extrañar esta ausencia de sensibilidad teniendo en cuenta que estamos ante partidos endogámicos en los que se ha impuesto la jerarquía, pero no la democracia, en clara colisión con el mandato constitucional. El líder que da y quita prebendas frente al debate de ideas.
Lo más relevante de las revueltas que proliferan por España es que no responden a una agresión concreta, sino que se trata de una crítica política de un sistema que se ha hecho prematuramente viejo por ausencia de reformas para perfeccionarlo
Se equivoca Mariano Rajoy si piensa que la spanish revolution tiene sólo que ver con la incapacidad del Gobierno para resolver los problemas del país (que también). Existe, sin duda, un mar de fondo que no acabará con la alternancia en Moncloa, y bueno será que el PP ofrezca un discurso regeneracionista y renovador. El líder de la oposición recordará que los fracasos de la Restauración y de la Dictadura de Primo de Rivera tienen mucho que ver con la incapacidad de las clases dirigentes para autorregenerarse, al contrario de lo que sucedió en otros países europeos, donde se pusieron en marcha cauces de participación para las nuevas clases emergentes. Lo que sucedió en 1936 no es más que una consecuencia de ello.
Más allá del tiempo que duren las protestas, lo relevante es que la arquitectura política-institucional que este país creó en 1978 se ha agrietado. Precisamente, por esa molicie intelectual con la que la clase política acoge los cambios sociales. Siguen sin escuchar aquella advertencia que hacía Rousseau: “No comenzamos a propiamente a hacernos hombres más que cuando nos hacemos ciudadanos”.
Ocurre, sin embargo, que en un país con casi cinco millones de parados y un futuro incierto por ausencia de un modelo productivo, la clase dirigente ha querido abarcar tanto que ha acabado por convertir las instituciones en simples prolongaciones del poder político, lo que explica que muchos ciudadanos se sientan arrinconados y hasta subyugados por la maquinaria de los partidos.
A veces se olvida que la crisis española no sólo hunde sus raíces en el derrumbe de un modelo económico insostenible, sino también en las carencias del sistema institucional. El poder judicial está contaminado por la presencia insoportable de los partidos políticos, los organismos reguladores acatan sin rubor las consignas oficiales, y hasta el presidente del Gobierno se ha rodeado de militantes sumisos agradecidos porque el líder los haya incluido en el club de los elegidos. El juego de los contrapoderes -esencial en los sistemas democráticos- no es más que una entelequia.
Como pone de relieve este estudio de la Fundación Alternativas, resulta insoportable que “no existan diferencias significativas en el nivel de corrupción de los dos grandes partidos”. O que no haya evidencias de que los electores castiguen a los altos cargos corruptos.
Las viejas estructuras
La revuelta del 15-M, por eso, tiene connotaciones históricas, ya que ha puesto a las viejas estructuras del Estado ante el espejo de sus propias miserias. Como se ha señalado estos días, lo sorprendente es que no se haya producido antes. Por ejemplo, cuando el presidente del Gobierno se reunía de forma arrogante con los ‘40 principales’ para dar imagen de una falsa fortaleza de país, mientras que miles de pymes continúan cerrando por falta de crédito y oxígeno económico. Pero es también una respuesta ética hacia los excesos. El sueldo de muchos ejecutivos es, simplemente, una inmoralidad. Aunque sólo sea por razones estéticas. La precariedad laboral, en este sentido, no es más que la expresión de un modelo de relaciones en los centros de trabajo de otra época que excluye a los empleados de la toma de decisiones. El malestar no es sólo político, sino también social. España está tirando por la borda buena parte de su capital humano.
Si los dos grandes partidos no encaran esas reformas con rapidez, es probable que alguien -en forma de movimientos populistas- lo haga por ellos, y entonces, la revuelta 15-M de regeneración del sistema democrático, se verá como una oportunidad perdida
Los dos partidos mayoritarios tienen ante sí, por lo tanto, una oportunidad histórica. O reforman el sistema político o al final éste se irá degradando. O pudriendo, como se prefiera. Si no se acierta, lo que es seguro es que la recuperación económica se retrasará y seguiremos reptando por el fondo. A veces se olvida que en 1975 el PIB per cápita de España era de apenas 3.500 euros, y que en 2009 era ya de 24.500 euros. Buena parte de ese avance tiene que ver con nuestra integración en Europa, pero también con la liquidación de las viejas estructuras institucionales del franquismo -también las laborales- que taponaban el crecimiento económico.
Poner al día el sistema político es, por lo tanto, una necesidad. Suprimiendo (o reformando) instituciones inútiles como el Senado o las diputaciones provinciales. Acabando con organismos absurdos en su diseño actual como son los consejos económicos y sociales o los mini consejos de estado que proliferan por las regiones. O racionalizando un modelo autonómico que de forma palmaria frena la organización eficiente del Estado. O reinventando los tribunales de cuentas para evitar que sean el retiro dorado de antiguos altos cargos sin oficio ni beneficio. Desconsuela pensar que ni siquiera los órganos encargados de fiscalizar las cuentas públicas hacen su trabajo, como se demostrará tras las elecciones autonómicas. No es que se retrasen los pagos, es que, simplemente, ni siquiera se emiten muchas facturas.
Si los dos grandes partidos no encaran esas reformas con rapidez, es probable que alguien -en forma de movimientos populistas- lo haga por ellos, y entonces, la revuelta 15-M de regeneración del sistema democrático, se verá como una oportunidad perdida.
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