Por si la banca española tenía poco con lo que lleva encima, ayer Standard & Poor's y Fitch le dieron la puntilla con una rebaja masiva del rating de nuestras principales entidades. Una rebaja que augura un 2012 igual de terrible, como mínimo, que 2011 por el deterioro de la economía española, la crisis del mercado inmobiliario y las dificultades para financiarse. Además, los nuevos test de estrés pueden dejar todavía más en evidencia esta situación, que echa por tierra las pretensiones del Banco de España de que la reestructuración del sector ha concluido.
Asimismo, los resultados publicados ayer por Banesto, el primer banco en rendir cuentas, son un compendio de los males que aquejan al conjunto del sector: desplome de márgenes, encarecimiento de la financiación, subida de la morosidad, incremento de los ladrillos adjudicados, agotamiento de la provisión genérica y caída del crédito. Una receta segura para entrar en pérdidas en los próximos trimestres, pese a que la entidad asegura que no lo contempla.
Los males que destacan las agencias de rating son muy parecidos, aunque hay que recordar la merma de credibilidad de estas entidades tras la quiebra de Lehman. S&P anuncia que 2012 no será el año del fin de la crisis para la banca española por culpa del nuevo empeoramiento de la economía que pronostica. "Los bancos han acumulado altos niveles de activos problemáticos y han agotado la mayor parte de los colchones que habían construido. En consecuencia, sus beneficios y su capacidad para absorber pérdidas se ha deteriorado". Como informó El Confidencial el lunes, el Santander espera que la mora siga creciendo hasta 2013.
Además, destaca que las entidades afrontan cada vez mayores dificultades para financiarse, lo que les ha obligado a centrarse en los depósitos minoristas por el cierre de los mercados mayoristas. Dado que el próximo año el sector afronta unos enormes vencimientos (más de 100.000 millones según los cálculos más conservadores), esto obligará a reducir aún más el crédito y a confiar de forma creciente en la liquidez del BCE o incluso del Gobierno español.
A su juicio, va a continuar la depresión del sector inmobiliario y cree que pasará bastante tiempo hasta que se calmen las turbulencias en los mercados y las entidades puedan acceder a la financiación a costes razonables. Finalmente, espera un fuerte incremento de los activos problemáticos (créditos morosos y adjudicados) durante 2012 y los primeros meses de 2013, lo que extenderá la crisis más allá de los tres años que inicialmente preveía la agencia y requerirá mayores provisiones contra la cuenta de resultados, una vez agotada la genérica en la mayoría de las entidades.
S&P también cuestiona que las fusiones sean la solución a todo (el lunes, los presidentes de Popular, Ángel Ron, y Pastor, José María Arias, dieron por sentada una nueva oleada de concentraciones): "Los difíciles tiempos que nos esperan suponen un obstáculo adicional más allá de los habituales en una integración. La ejecución de planes de reestructuración puede resultar más dura de lo normal o alargarse más de lo esperado". Finalmente, señala que Bankia, Popular y Sabadell tienen un rating superior al que se merecen por la asunción de que el Estado los rescatará en caso de un agravamiento de sus problemas.
Los nuevos test de estrés, lo que faltaba
Y por si todo esto no es suficiente, ayer Reuters adelantó que los nuevos test de estrés que planea la EBA (Autoridad bancaria Europea) establecerán el aprobado en el 7% de core capital en el escenario adverso, en vez del 5% del verano. Se supone que también cambiarían las condiciones de ese escenario, pero de momento la EBA no ha solicitado información adicional a las entidades.
Si se trata de una nueva evaluación con las mismas condiciones que en junio, 17 de las 24 entidades españolas que se presentaron a las pruebas suspenderían (16 de 23 si contamos la compra de Pastor por Popular). Esto incrementaría las dudas sobre la solvencia de nuestras entidades, y en todo caso exigiría unos aumentos de capital que, en la mayoría de los casos, correrían a cuenta del Estado ante la situación actual de los mercados.
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