El pasado no invita, precisamente, al optimismo. España nunca ha logrado en su reciente historia económica equilibrio estructural. Ni siquiera en los años de mayor crecimiento de la actividad. Ni cuando la economía crecía por encima del 4%. Lo dicen las estadísticas oficiales y lo recuerda una reciente presentación del Servicio de Estudios del BBVA, en la que se estima que el promedio de déficit en el periodo 2004-2013 equivaldrá al 3,3% del Producto Interior Bruto.
El dato es importante porque refleja lo sucedido en la economía española tanto en los periodos de expansión como de contracción del PIB, en última instancia lo que mide el llamado déficit estructural, que cuantifica el desequilibrio fiscal al margen de la fase del ciclo. Y lo que dice el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último informe sobre España es que ni siquiera en los tres años en los que España logró superávit presupuestario (2005,2006 y 2007), el Estado fue capaz de ahuyentar el déficit estructural.
En 2005, el desequilibrio ajeno al ciclo económico representó el 1,6% del PIB; un año más tarde, bajó hasta el 1,2%, mientras que en 2007 la diferencia fue del -1,1%, pese a que ese año la capacidad de financiación del Estado en términos de Protocolo de Déficit Excesivo (criterio de Maastricht) fue del 1,9%. O dicho en otros términos, el superávit fue debido a la posición cíclica de la economía española (por los incrementos de recaudación derivados del ‘ladrillo), y no a una contención del gasto público. Y eso, como recuerda el Servicio de Estudios del BBVA, que la Ley de Estabilidad Presupuestaria todavía vigente obliga a mantener el equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo.
No ha sido así, y eso explica el escepticismo de Rafael Domenech, el autor de la Presentación y economista jefe del Servicio de Estudios del BBVA para Europa. Domenech recuerda -el análisis es anterior a que se anunciara la reforma de la Constitución- que la consecución de un déficit en 2013 (compromiso con Bruselas) implica todavía un déficit estructural del 1,5%, del cual las comunidades autónomas son responsables de la mitad.
Esto quiere decir que aunque España logre cumplir su escenario de consolidación presupuestaria, tiene todavía por delante un doloroso proceso de ajuste económico, lo que sin duda explica que el horizonte planteado por el Gobierno y el Partido Popular en la reforma constitucional sea el año 2020. Según Domenech, lo razonable hubiera sido alcanzar el equilibrio presupuestario en 2016, una legislatura antes de lo pactado por los partidos mayoritarios.
Como publicó este periódico, La causa de que haya que esperar tanto tiempo para que la enmienda constitucional sea eficaz, tiene que ver con el punto de partida. El déficit estructural primario se situará este año 2011 en el 2,5% del PIB, pero es que si se incorpora el servicio de la deuda se estaría hablando de que el componente estructural (el que no tiene directamente que ver con el ciclo económico) se sitúa en el 4,7%. Es decir, que si la economía española no estuviera en crisis (con un crecimiento interanual de apenas el 0,7%) el agujero del sector público sería todavía considerable.
La enorme diferencia entre el PIB potencial (el que puede crecer la economía española sin generar desequilibrios macroeconómicos) y el real –el que mide trimestralmente el INE- explica las dificultades para lograr el equilibrio presupuestario en un corto periodo de tiempo.
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