Devolver lo que se llevaron

Aunque la lista contiene ya 25 nombres, no sumará más. No habrá más directivos de entidades bancarias intervenidas o nacionalizadas que dejen su puesto llevándose consigo una golosa indemnización o una importante pensión fruto de contratos blindados en los tiempos de la bonanza económica. El saldo no crecerá por encima de los escandalosos 130 millones de euros pagados ya por estos conceptos. 

El Congreso apoyó ayer de forma casi unánime -sólo hubo 10 abstenciones y ningún voto en contra- la propuesta lanzada por CiU para evitar "la alarma social" que provoca el que los gestores que llevan entidades bancarias a la bancarrota se marchen de la entidad quebrada con una indemnización millonaria. "Hay una indignación que comprendemos por parte de la ciudadanía por este tipo de situaciones", admitió el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, por lo que consideró que "conviene que el Congreso tenga autoridad moral ante la opinión pública indignada".

El objetivo del acuerdo firmado ayer por un amplio número de grupos políticos se plasmará en una nueva disposición adicional que se incorporará al recién aprobado decreto ley de la reforma bancaria, que está siendo tramitado como proyecto de ley por la vía de urgencia. Así se conseguirá que la nueva regulación esté en vigor en cuestión de semanas.

Lo que no podrá evitar la decisión del Congreso son los abusos cometidos en el pasado. En principio, CiU pretendía que tuviese efecto retroactivo, pudiendo atajar situaciones como la del directivo de la quebrada Bancaja al que la entidad nacionalizada debe 14 millones de euros. Sin embargo, serias dudas sobre su constitucionalidad y la búsqueda del mayor consenso posible hizo desistir de este aspecto a la federación nacionalista.

No habrá más indemnizaciones escandalosas, pero tampoco luz y taquígrafos para saber lo sucedido en Bankia. El PP frenó ayer con sus votos aunque sin sumar a nadie más la primera tentativa para forzar la creación de una comisión de investigación parlamentaria que permita esclarecer los motivos de la quiebra y posterior nacionalización.

La iniciativa era del grupo de la Izquierda Plural y, con forma de moción, fue defendida con fiereza por su portavoz, Cayo Lara: "la gente tiene derecho a saber la verdad". Valeriano Gómez (PSOE) se sumó a la ola para justificar su petición de una comisión de investigación, aún por debatir. "Han impuesto una ley del silencio para el mayor rescate de una entidad financiera en España", justificó.

El portavoz adjunto de CiU Josep Sánchez-Llibre justificó su abstención en que quien debe acudir al Congreso en primer lugar es el ya exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

La portavoz adjunta del PP en la comisión de Economía, María Serrano, pasó al contraataque. "¿Abrimos una investigación sobre todo (lo ocurrido en los últimos años)? Les pido prudencia y responsabilidad".

Los Jueces Peor valorados

Los jueces son los profesionales del sector público que menos confianza inspiran a los ciudadanos, según la encuesta del CIS conocida hoy, mientras que, en el otro extremo, los bomberos se sitúan como los mejor valorados. En total, más de la mitad de los españoles aprueba la labor de los funcionarios públicos.

Concretamente, el 58,2% de los españoles tiene "poca" o "ninguna" confianza en los jueces, una cifra que supera incluso a la que obtienen los inspectores de Hacienda, denostados por el 50,1%.

El cuerpo diplomático también está entre los que menos confianza despierta. El 42,5% de los encuestados afirmaron que los diplomáticos les merecían "poca" o "ninguna".

Por el contrario, los bomberos son los profesionales del sector públicomejor considerados por el conjunto de los españoles. El 92,1% de ellos declara que tienen "mucha" o "bastante" confianza en este cuerpo.

Los médicos constituyen el segundo sector que más respaldo obtiene por parte de los encuestados en este último barómetro del CIS, pues el 84,7% confía "mucho" o "bastante" en estos profesionales.

En tercer lugar, se sitúan los profesores de enseñanza primaria y secundaria, bien valorados por el 77,5% de los españoles.

Los españoles también valoran la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con un 76,2%, y de los trabajadores sociales, con un 67,2%. En niveles similares de aprobación se encuentran los profesores universitarios, que merecen la confianza del 65,2% de los españoles.

Finalmente, el 55,9% de los encuestados otorgó "mucha" o "bastante" confianza a los funcionarios públicos en general, mientras que el 39,9% dijo tener "poca" o "ninguna".

Mercedes García Aran

Mercedes García AránCatedrática de Derecho Penal de la UAB.

Ayer me pidieron opinión sobre la iniciativa ciudadana que -al parecer- existe de exigir responsabilidad penal a los responsables del desastre de Bankia. En efecto, asistimos a un espectáculo intolerable, en el que entidades financieras, mientras con una mano reciben ingentes cantidades de dinero público para compensar el desastre de su gestión, con la otra desahucian a personas que no pueden hacer frente a las hipotecas que irresponsablemente promocionaron y ahora no pueden pagarse. Da la impresión de que a los privilegios y desigualdades económicas de siempre se añade ahora la desvergüenza con la que se niegan explicaciones y responsabilidades.

LEONARD BEARD

Edición Impresa

Versión en .PDF

Información publicada en lapágina 7 de la sección deOpinión de la edición impresa del día 04 de junio de 2012VER ARCHIVO (.PDF)

Por eso no es extraño que los atónitos afectados reivindiquen la única respuesta que parece quedar, esto es, la respuesta penal, y algunos califiquen ya de «criminal» parte de la actuación del sistema financiero en los últimos años. La impotencia, la indignación, la desesperanza de miles de ciudadanos ante la situación lleva a exigir responsabilidades del máximo nivel. Pero ¿es suficiente como para esperar condenas penales? Nada nos cuesta más a los penalistas que responder que el Código Penal no es siempre el instrumento idóneo ni suficiente para solucionar los problemas, y siendo cierto, la respuesta provoca tal desasosiego, a quien la da y a quien la recibe, que es necesario completarla.

Comenzando por lo que ya tenemos, no es descartable aplicar en las crisis bancarias los instrumentos que ya hoy tiene el Código Penal: hoy son delito la administración desleal, la apropiación indebida de fondos, las falsedades documentales, los fraudes fiscales, las irregularidades contables graves, etcétera, y si se han cometido hechos que pueden calificarse así -lo que no siempre es fácil de probar- no hay duda de que deberían ser posibles las condenas penales, después del debido juicio. Así lo exige la ley y lo que conseguiríamos con ello no sería poco: de entrada, una cierta satisfacción de la mínima sensibilidad ciudadana, harta ya de oír que hay que incrementar las penas de los pequeños hurtos callejeros que tanto perjudican a las zonas turísticas, sin que ocurra nada ante los grandes fiascos económicos. Lo lamento si suena demagógico, pero es lo que hay.

Tampoco es descartable que las eventuales condenas ejercieran un efecto intimidatorio en posibles infractores futuros, y en todo caso esos son dos de los efectos clásicos de las penas: la intimidación y la satisfacción de las víctimas, que en realidad somos todos los demás. Naturalmente, ello exige fiscales y jueces dispuestos a aplicar la ley, y me consta que son muchos los que trabajan esforzadamente, más de lo que los ciudadanos creen y los medios de que disponen les permiten, aunque no puede negarse que la imagen de la justicia está en estos momentos en sus horas más bajas. Y sobre todo, exige que después el Gobierno no indulte a los escasos banqueros condenados, como hizo con Alfredo Sáenz excediéndose incluso en sus competencias al indultar también los impedimentos para ejercer derivados de la normativa bancaria.

Por otra parte, ¿qué hacer con las actuaciones bancarias irresponsables que nos han metido en esto cuando esas prácticas no encajan en las definiciones de delito que tenemos? La conclusión más común es que debe cambiarse el Código Penal para definir estos hechos como delito y hacer posibles condenas en el futuro. La verdad es que, vistas las dificultades para aplicar lo que ya tenemos, no deberíamos emocionarnos con una nueva reforma legal y, pese a lo complejo de la cuestión, me atrevo a resumirla como sigue, asumiendo el riesgo de simplificación: si el Código Penal prohíbe conductas que se permiten o se legitiman por los poderes políticos y económicos, está haciendo un brindis al sol y engañando a los ciudadanos, porque el propio sistema las justificará, incluso técnicamente, y hará imposible su castigo. Cuando hay vicios estructurales por los que se permite la especulación sin límite y los instrumentos reguladores (Comisión Nacional del Mercado de Valores, Banco de España), los gobiernos o ese enigmático sujeto conocido como Bruselas no quieren, no saben o no pueden atajarlos, pretender reformas penales para prohibir lo que el poder acepta e incluso promociona, es generar falsas expectativas, construir normas meramente simbólicas y confiar en transformar la sociedad capitalista desde los juzgados y tribunales.

La auténtica prevención de los hechos que nos azotan está en intervenir política y económicamente para evitar las condiciones en que se producen y dejar de plegarse resignadamente a las exigencias de los mercados. Es más, me preocuparía mucho que nuestro ministro de Justicia, siempre dispuesto a endurecer el Código Penal, anunciara que va a reformarlo para prohibir, por ejemplo, los excesos de la especulación financiera definiéndolos como delito. Y me preocuparía porque, una vez más, el anuncio de una reforma penal sería una cortina de humo, un reconocimiento de impotencia o una renuncia a intervenir en la realidad con mayores posibilidades de éxito. O todo a la vez.

Catedrática de Derecho Penal de la UAB

Bankia: Exijamos responsabilidades

Mas pide a de Guindos que trate a Catalunya Caixa como a Bankia. El Estado provoca el doble de déficit que las Autonomías. Rehn, que manda bastante en Bruselas, dice que si España puede controlar  efectivamente las cuentas de las autonomías, se consideraría la posibilidad de ampliar el plazo para reducir el déficit (o sea, al revés que el titular anterior).

De Guindos dice hace unos días que Bankia, además de los 4.465 millones de euros, necesitará entre 7 y 10.000 millones. Con ese grado de precisión, la traducción al castellano es: "no tengo la menor idea".

Goirigolzarri estudia el tema y en 15 días dice que no: que necesita 19.000 millones de euros, que sumados a los 4.465, harán un total de 23.465. Puestos a precisar, yo redondearía a 25.000.

Goirigolzarri dice que en esto de Bankia no hay que buscar responsables y que no hay que devolver el dinero público.

Como no se fían del Banco de España y han descubierto que el pobre Miguel Ángel Fernández Ordóñez es un señor muy malo, vamos a traer unas auditorías extranjeras muy buenas para que, en dos meses, nos digan cómo están los bancos (yo lo diría en menos tiempo y con menos palabras: de pena).

No sabemos quiénes serán los auditores. Al principio eran dos. Ahora parece que serán otros, no sé si dos o más.

Pero, ¿qué está pasando? ¿Es que todos los bobos que existen en España han empezado a hablar?

¿No ha llegado el momento de exigir responsabilidades por las cosas que se dicen y por las melonadas que se hacen? (esto de las melonadas se dice mucho en Aragón, y lo he puesto aquí porque me parece muy expresivo, pero si alguien tiene una palabra mas dura, que la ponga).

¿Cómo se pueden tirar a la basura 23.000 millones de euros (para los amigos, unos 4 billones de pesetas)? Y, de la noche a la mañana, sustitución del señor Rato, un top 50 según nos habían dicho, por el señor Goirigolzarri, a una velocidad casi superior a la sustitución de Guardiola por Tito Vilanova. Con una pequeña diferencia: que Tito lo tiene más difícil, porque la gente le exigirá más títulos, que Guardiola nos ha malacostumbrado. Y a Goirigolzarri,si pierde 22.800 millones en lugar de 23.000, le felicitaremos y le daremos un bonus por el éxito alcanzado.

¡Y luego dicen que la gente está desconcertada!

Raffaele Simone - Le monstre doux

El Declive de los Dioses: Mariano Guindal

¿La declaración de algún preboste socialista ante las próximas elecciones? ¿El consuelo de algún grupo minoritario como CiU o UPyD? ¿El sueño inconfesable de Javier Arenas? No, amigos. La confidencia de Miguel Sebastián… ¡la primera semana de marzo de 2004!

Cómo me lo estoy pasando con el libro de Mariano Guindal “El declive de los dioses”. Lectura imprescindible para los que nos gusta la economía y su intrahistoria. Guindal, hasta hace poco redactor jefe de economía de La Vanguardia y uno de los periodistas mejor informados del país, ha aprovechado muy bien su reciente jubilación para plasmar en un libro entretenidísimo lo acontecido en la Piel de Toro desde la agonía de Franco hasta hoy. Prosa fresca y anécdotas reveladoras, un must para entender por qué las cosas son así y no de otra manera.

La frase que titula el post la he extraído efectivamente del libro. Cuenta Guindal que una semana antes de las elecciones de 2004 se reunió con Miguel Sebastián y que éste le confesó lo afortunados que eran, pues  no tendrían que gobernar ante la que se venía encima. “¿Tan mal ves la situación económica?”, inquirió Guindal. “Peor que mal. Tenemos una burbuja inmobiliaria y es inevitable que estalle, y cuando esto ocurra se va a llevar todo lo demás por delante, empezando por los bancos”.

La conversación sigue y, si os interesa, no tenéis más que compraros este estupendo libro, pero para lo que quiero contar es suficiente. De la respuesta de Sebastián se pueden extraer las siguientes conclusiones:

1)      En 2004 la burbuja ya era un hecho. En su segunda legislatura, el Partido Popular debió haber frenado la expansión del ladrillo. Retirar incentivos fiscales y, sobre todo, limitar la preocupante escalada de la ampliación del plazo de devolución, del porcentaje del precio financiado, o la aplicación generalizada del tipo variable nos hubieran ahorrado mucho sufrimiento.

2)      El Partido Socialista era consciente desde el minuto uno de su entrada en el poderdel grave riesgo de colapso económico. Zapatero se ha escudado frecuentemente en que no se podía prever la crisis. Que su consejero económico estuviera tan preocupado por “la que se nos viene encima” no sólo desmonta su coartada, sino que lo hace cómplice y responsable de incentivar la mayor burbuja de nuestra historia y la consiguiente Gran Depresión que atravesamos.

3)      Si durante la primera legislatura el PSOE no sólo no enmendó la plana al PP sino que se dedicó a echar más leña al fuego, lo de la segunda no tiene nombre: aún recuerdo el debate en el que Solbes intentó ridiculizar a Pizarro por contar lo que luego efectivamente pasó. Y, ¿cómo se atrevieron a insistir machaconamente en que el nuestro era el sistema financiero “más sólido” del mundo? Inadmisible e injustificable.

Y dice Rubalcaba que se arrepiente de no haber pinchado la burbuja antes… Don Alfredo,que no la pincharon ustedes, que se la pincharon. Y si no hubiera saltado por los aires el chanchullo subprime de los americanos habrían seguido ustedes de fiesta hasta el fin de los tiempos. Ya lo explicó María Antonia Trujillo: “¿Para qué tocar nada, si todos nos estábamos haciendo ricos?”

Gane quien gane el problema sigue ahí, sin resolver, y no se va a solucionar –Don Mariano-recuperando desgravaciones u otros incentivos fiscales. Fíjense en este gráfico revelador (encontrado en el interesante blog decigarrasyhormigas):

Con la gigantesca burbuja inmobiliaria que hemos tenido, ¿quién se va a creer que nuestra banca haya necesitado sólo un 2% de PIB para sanearse? Si Alemania (sin burbuja) ha aplicado un 12% e Irlanda, con una burbuja del mismo corte que la nuestra, ha aplicado un 38%, se pueden ir haciendo una idea del verdadero coste al que nos enfrentamos.

Mucha suerte al que venga pero, sobre todo, mucha valentía, honestidad y decisión.

Mariano Guindal periodista económico Estrategias Tv (28.09.11) "Versión ...