Aunque la lista contiene ya 25 nombres, no sumará más. No habrá más directivos de entidades bancarias intervenidas o nacionalizadas que dejen su puesto llevándose consigo una golosa indemnización o una importante pensión fruto de contratos blindados en los tiempos de la bonanza económica. El saldo no crecerá por encima de los escandalosos 130 millones de euros pagados ya por estos conceptos.
El Congreso apoyó ayer de forma casi unánime -sólo hubo 10 abstenciones y ningún voto en contra- la propuesta lanzada por CiU para evitar "la alarma social" que provoca el que los gestores que llevan entidades bancarias a la bancarrota se marchen de la entidad quebrada con una indemnización millonaria. "Hay una indignación que comprendemos por parte de la ciudadanía por este tipo de situaciones", admitió el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, por lo que consideró que "conviene que el Congreso tenga autoridad moral ante la opinión pública indignada".
El objetivo del acuerdo firmado ayer por un amplio número de grupos políticos se plasmará en una nueva disposición adicional que se incorporará al recién aprobado decreto ley de la reforma bancaria, que está siendo tramitado como proyecto de ley por la vía de urgencia. Así se conseguirá que la nueva regulación esté en vigor en cuestión de semanas.
Lo que no podrá evitar la decisión del Congreso son los abusos cometidos en el pasado. En principio, CiU pretendía que tuviese efecto retroactivo, pudiendo atajar situaciones como la del directivo de la quebrada Bancaja al que la entidad nacionalizada debe 14 millones de euros. Sin embargo, serias dudas sobre su constitucionalidad y la búsqueda del mayor consenso posible hizo desistir de este aspecto a la federación nacionalista.
No habrá más indemnizaciones escandalosas, pero tampoco luz y taquígrafos para saber lo sucedido en Bankia. El PP frenó ayer con sus votos aunque sin sumar a nadie más la primera tentativa para forzar la creación de una comisión de investigación parlamentaria que permita esclarecer los motivos de la quiebra y posterior nacionalización.
La iniciativa era del grupo de la Izquierda Plural y, con forma de moción, fue defendida con fiereza por su portavoz, Cayo Lara: "la gente tiene derecho a saber la verdad". Valeriano Gómez (PSOE) se sumó a la ola para justificar su petición de una comisión de investigación, aún por debatir. "Han impuesto una ley del silencio para el mayor rescate de una entidad financiera en España", justificó.
El portavoz adjunto de CiU Josep Sánchez-Llibre justificó su abstención en que quien debe acudir al Congreso en primer lugar es el ya exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
La portavoz adjunta del PP en la comisión de Economía, María Serrano, pasó al contraataque. "¿Abrimos una investigación sobre todo (lo ocurrido en los últimos años)? Les pido prudencia y responsabilidad".
El Congreso apoyó ayer de forma casi unánime -sólo hubo 10 abstenciones y ningún voto en contra- la propuesta lanzada por CiU para evitar "la alarma social" que provoca el que los gestores que llevan entidades bancarias a la bancarrota se marchen de la entidad quebrada con una indemnización millonaria. "Hay una indignación que comprendemos por parte de la ciudadanía por este tipo de situaciones", admitió el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, por lo que consideró que "conviene que el Congreso tenga autoridad moral ante la opinión pública indignada".
El objetivo del acuerdo firmado ayer por un amplio número de grupos políticos se plasmará en una nueva disposición adicional que se incorporará al recién aprobado decreto ley de la reforma bancaria, que está siendo tramitado como proyecto de ley por la vía de urgencia. Así se conseguirá que la nueva regulación esté en vigor en cuestión de semanas.
Lo que no podrá evitar la decisión del Congreso son los abusos cometidos en el pasado. En principio, CiU pretendía que tuviese efecto retroactivo, pudiendo atajar situaciones como la del directivo de la quebrada Bancaja al que la entidad nacionalizada debe 14 millones de euros. Sin embargo, serias dudas sobre su constitucionalidad y la búsqueda del mayor consenso posible hizo desistir de este aspecto a la federación nacionalista.
No habrá más indemnizaciones escandalosas, pero tampoco luz y taquígrafos para saber lo sucedido en Bankia. El PP frenó ayer con sus votos aunque sin sumar a nadie más la primera tentativa para forzar la creación de una comisión de investigación parlamentaria que permita esclarecer los motivos de la quiebra y posterior nacionalización.
La iniciativa era del grupo de la Izquierda Plural y, con forma de moción, fue defendida con fiereza por su portavoz, Cayo Lara: "la gente tiene derecho a saber la verdad". Valeriano Gómez (PSOE) se sumó a la ola para justificar su petición de una comisión de investigación, aún por debatir. "Han impuesto una ley del silencio para el mayor rescate de una entidad financiera en España", justificó.
El portavoz adjunto de CiU Josep Sánchez-Llibre justificó su abstención en que quien debe acudir al Congreso en primer lugar es el ya exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
La portavoz adjunta del PP en la comisión de Economía, María Serrano, pasó al contraataque. "¿Abrimos una investigación sobre todo (lo ocurrido en los últimos años)? Les pido prudencia y responsabilidad".
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