Ctaluña Necesita del PP: Y ser Feliz es Mi Color de Identidad

La presidenta del PP de Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, ha autoproclamado a su formación política como la responsable de haber evitado que en Catalunya hubiera un serio problema de gobernabilidad con un temido escenario de elecciones anticipadas siete meses después de la proclamación de Artur Mas como president de la Generalitat. La dirigente popular ha presumido de responsabilidad y de haber "evitado un escenario de inestabilidad política y económica en Catalunya", así como de haber suavizado el impacto de los recortes económicos sobre un amplio catálogo de servicios sociales.

"No es nuestro presupuesto", se ha desmarcado Camacho, pero gracias a unas negociaciones intensas "hemos conseguido mejorar social, política y económicamente" unas cuentas que "tenían que estar aprobadas desde hace siete meses". "Somos responsables pero con un carácter constructivo y crítico", ha señalado. Sin embargo también ha dejado claro que el PPc tenía poco margen para la negociación con CiU debido a que el 80% del presupuesto ya estaba comprometido por tratarse de unas cuentas prorrogadas.

Camacho ha resaltado el compromiso del PPC con la estabilidad política de Catalunya y se ha vanagloriado de haber arrancado importantes acuerdos para "mejorar y avanzar la salida de la crisis económica". Por eso ha valorado "muy positivamente" el acuerdo tras "un proceso largo y exigente de negociación en el que hemos conseguido reducir el impacto de los ajustes". Y el PPC parece querer más ya que "el PP ya está pensando en los presupuestos de 2012", ha asegurado.

En una comparecencia pública, la dirigente ha desgranado el contenido del acuerdo alcanzado, que contiene ocho grandes puntos y un apéndice sobre sanidad. Los ocho puntos corresponden a la reducción de las empresas del sector público (un 10% este año y un 25% a lo largo de la legislatura), la reducción del gasto público (no podrá superar el PIB), reorganización y reducción de las embajadas de Catalunya en el extranjero, reducción del impacto de los ajustes en sanidad, educación y bienestar social; lucha contra el fracaso escolar (dotación de 9 millones de euros), medidas de impulso a las empresas y los emprendedores y mejora de las infraestructuras y medios en Justicia.