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Periodismo de opinión en Reggio’s
No hay alternativa, de Lorenzo Bernaldo de Quirós en Mercados de El Mundo
ECONOMÍA Y EMPRESAS. CONTRA CORRIENTE
A finales de los años 70 del siglo pasado se acuñó un lema para definir la política económica de Margaret Thatcher: TINA, There Is Not Alternative. En estos mismos términos podría calificarse la estrategia de ajuste presupuestario y de reformas estructurales dibujada por el gabinete de Rajoy. La alternativa a una drástica reducción del déficit público y a una liberalización de los mercados para superar la crisis es inviable.
Las dos principales opciones a ese enfoque, la planificación central y el socialestatismo han muerto. El derribo del Muro de Berlín certificó la defunción de la primera y la Gran Recesión la del segundo. Las recetas clásicas de la socialdemocracia, keynesianismo macro e intervencionismo micro, se han estrellado contra la realidad y su legado es un endeudamiento descomunal y economías atrapadas en un círculo vicioso de estancamiento y recesión.
Los dos principios rectores del socialismo democrático, la creencia de que un Estado omnipotente puede reactivar la economía a su voluntad y redistribuir la renta y la riqueza a golpe de aumento del gasto público y de una fiscalidad creciente han saltado en pedazos. Esto plantea un dilema diabólico para la izquierda: convertirse en representante de las fuerzas antisistema, aferrarse a un ideario cada vez más alejado de la realidad o aceptar que sus objetivos son inalcanzables utilizando sus métodos tradicionales, como hizo la tercera vía blairita. En las sociedades desarrolladas, a diferencia de lo acaecido en la Gran Depresión, el capitalismo liberal no tiene un competidor real ni en su flanco izquierdo ni en el derecho.
Por tanto, la esencia del debate económico no radica en la conveniencia o no de reducir el desequilibrio presupuestario, sanear el sistema financiero o liberalizar los mercados, sino en el alcance y en la velocidad de aplicación de esas medidas. Este aspecto cobra una extraordinaria importancia en la coyuntura española.
Por definición, las reformas estructurales no tienen efectos inmediatos y, en consecuencia, se corre el riesgo de morir de éxito si los ciudadanos no perciben sus beneficios o se crean expectativas de que éstos se materializarán con rapidez. Ello resulta de especial relevancia en economías, léase España, en las que la crisis es ya larga y la opinión pública tiene la percepción, infundada pero cierta, de que los ajustes llevan demasiado tiempo en marcha y no han rendido frutos.
Ante este panorama, la evidencia comparada permite extraer una regla general formulada por el maestro Friedman en La Tiranía del Statu Quo: un nuevo Gobierno dispone de un período de seis a nueve meses para llevar a cabo transformaciones sustanciales en el modelo socio-económico. Si no aprovecha esa oportunidad, los cambios ulteriores o llegan lentamente o no llegan y surgen reacciones contra los iniciales.
Tras el shock de la derrota, las facciones opositoras se reagrupan y tienden a movilizar a todos los perjudicados por las políticas reformistas. Ante ese empuje, sus defensores ven reducido su margen de maniobra para profundizar en ellas. Por eso, la economía política de las reformas concede mayores posibilidades de éxito a las terapias de choque que a las graduales, sobre todo, en escenarios críticos como el actual.
Esas reflexiones ilustran la situación nacional. Si la economía no se reactiva de manera significativa y el paro no comienza a descender en 2013, extremos poco probables, el Gobierno encontrará una oposición creciente a su programa y tendrá muchos problemas para mantener su orientación o, en cualquier caso, para avanzar en su desarrollo.
Este es el resultado del tipo de crisis soportada por España y, también, del lento impacto de las estrategias de estabilización y de reforma estructural. Sin embargo, el retardo temporal entre su introducción y sus resultados se acortaría de manera significativa con una estrategia agresiva tanto en el plano presupuestario como en el microeconómico. Ello produciría una radical mejora de las expectativas de las empresas, de las familias y de los inversores por una sencilla razón: el grueso del proceso de ajuste se habría realizado antes de que las fuerzas contrarias a él tuviesen capacidad de movilizarse y, por tanto, las bases de la recuperación estarían consolidadas de modo irreversible.
El proyecto modernizador de la economía española impulsado por el Gobierno entronca directamente con el que se vio interrumpido con el acceso del PSOE al poder en 2004. Su fundamento no es sólo económico, sino filosófico en tanto supone recortar el tamaño del Estado para aumentar la libertad de los individuos, de las familias y de las empresas permitiéndoles perseguir los fines que consideren oportunos con la menor injerencia estatal posible. En este contexto, la crisis es una oportunidad de oro para desplazar el centro de gravedad de la economía y de la sociedad española del estatismo al liberalismo. Si esto ocurre, se producirá una transformación sustancial en la forma en la que los ciudadanos ven el papel del Estado. En este caso, la izquierda se verá forzada a adaptarse a ese nuevo consenso o resignarse a permanecer en la oposición.
Aunque la coyuntura económica no repunte en el corto plazo, la terapia desplegada por el Gobierno es la correcta y, sin duda, funcionará. Los problemas sociales, económicos y financieros de España no son incurables ni el país está condenado a una irremediable decadencia. Se ha invertido de manera radical la orientación de una política económica que había conducido el país al borde del abismo y eso era imprescindible. Por ello hay razones fundadas para el optimismo. La combinación de la disciplina macroeconómica, con la apertura exterior y la liberalización de los mercados ha sido la causa determinante de todos los ciclos expansivos protagonizados por España a lo largo de su historia. Ahora no será diferente.
Si el Gobierno mantiene el rumbo y acentúa su orientación reformista, España saldrá de la crisis con una economía más fuerte. Más allá de los problemas de corto plazo estamos ante una ocasión histórica para transformar un sistema intervencionista en un sistema de libre empresa y hay que aprovecharla.
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