Los populares apuestan por la recuperación del prestigio del Tribunal Constitucional y de los órganos judiciales, por un cambio de modelo en la Oficina Judicial y por una nueva reforma de la Ley Concursal.
Tribunal Constitucional
La Justicia ha formado parte de las líneas maestras de las propuestas del PP para la próxima legislatura desde el principio. En julio, meses antes de que se conociera el programa, miembros fuertes del Partido Popular como Federico Trillo y Soraya Sáenz de Santamaría, tradicionalmente vinculados a la Justicia, ya proponían la fórmula de nombramientos de magistrados vitalicios en el Tribunal Constitucional (TC) y apostaban por la Justicia como clave del eje de la regeneración política e institucional del país.
Esta regeneración se logrará, según han destacado los populares, promoviendo, “con sincera actitud de diálogo, todas las acciones y acuerdos políticos que favorezcan el entendimiento”.
En cuanto al Constitucional, el PP se preocupa por su “prestigio”, y modificará el procedimiento de elección de los magistrados de modo que se eviten dilaciones indebidas. Asimismo, restablecerá el recurso previo de inconstitucionalidad en la tramitación de las reformas de los Estatutos de autonomía. También atribuirá a la jurisdicción ordinaria el amparo para garantizar los derechos fundamentales, reservando al TC el ejercicio de su competencia en los supuestos de interés constitucional de acuerdo con lo que disponga la ley. Además, fortalecerán la función casacional del Tribunal Supremo.
Por su parte, Trillo ha sido ponente de la reforma de la Ley Concursal en el Congreso y, aunque la formación se abstuvo en la votación, ha sido muy crítico con la nueva norma. Como ya adelantó EXPANSIÓN el pasado julio, el Grupo Popular introdujo una disposición adicional por la que el próximo Ejecutivo se compromete a desarrollar una norma que cubra el sobreendeudamiento de los particulares.
Solamente la Hacienda Pública está presente en 10.000 concursos y la deuda para el Estado es de 4.000 millones de euros, dinero con el que, según apuntó Trillo, “se podrían resolver muchas cosas”.
En cuanto a la novedad de que las personas jurídicas puedan ser nombradas como administración concursal, Trillo apuntó que no es “justo, ni adecuado que sean las personas jurídicas auditoras las que se vayan a beneficiar casi en exclusiva de esta reforma de la administración concursal”. En concreto, Trillo señaló a las Big Four, como las primeras beneficiadas.
Ahora que la Ley de Acceso a la Abogacía acaba de entrar en vigor, cabe recordar que el PP ha sido unos de los grupos que ha preguntado en el Parlamento sobre el Reglamento de la norma. De hecho, entre las propuestas de Nuevas Generaciones está modificar la norma para que los licenciados que continúen con estudios anteriores al proceso de Bolonia puedan colegiarse sin necesidad de cursar máster.
Los populares quieren lograr una Justicia ágil y previsible, para lo que promoverán un cambio de modelo de la oficina judicial, que la haga eficaz, accesible y transparente para el justiciable, y que asegure la unidad de gestión en todos los órganos jurisdiccionales. En esta línea, impulsarán una agencia que articule un sistema informático único y permita el conocimiento inmediato en red de los datos judiciales y de los que constan en los registros públicos relacionados con la administración de justicia.
En lo que respecta al Código Penal, el PP quiere reformar el sistema de penas e introducir la posibilidad de aplicación de medidas de seguridad postpenales, el cómputo de beneficios penitenciarios sobre cada una de las penas impuestas, y una nueva regulación de la reincidencia. La derrota del terrorismo no admitirá negociación alguna.
Por último, en la línea de la regeneración, el PP trasladará a los infractores el cobro de la reparación de los desperfectos en los incumplimientos por incivismo.
Las quinielas del sector para la próxima legislatura
La nueva etapa que se abre tras las elecciones generales del domingo ha reabierto los debates sobre quiénes pueden ocupar los cargos más relevantes en Justicia en la próxima legislatura. Esta cartera ministerial no suele ser de las más destacadas dentro del Gobierno, pero quien la ocupa tiene el riesgo de acaparar ciertas dosis de protagonismo al situarse en una de las zonas sensibles del Estado. La evolución futura de los efectos que tendrá el cese definitivo de la violencia anunciado por ETA será uno de los puntos difíciles.
Además, la propia conciencia social crítica con la situación de la Justicia, surgida en los últimos años, ha llevado a los titulares del departamento a la primera línea informativa. Los nombres que más suenan para ocupar la cartera reúnen una característica común, la experiencia y el conocimiento del sector. Es el caso de Ignacio Astarloa, ex secretario ejecutivo de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia del PP, fue subsecretario de Justicia y Secretario de Estado de Seguridad en la segunda legislatura de Aznar
También ha sonado en semanas recientes el nombre de Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional. Incluso, no sólo para ocupar la cartera ministerial, sino para la Fiscalía General del Estado. En este último cargo también sería posible situar a Carlos Lesmes, actual magistrado del Tribunal Supremo. Lesmes tuvo en Justicia dos cargos en la etapa de Aznar. Tampoco se descarta para ocupar el cargo de ministro. Entre los nombres que se han barajado últimamente para la titularidad del departamento ministerial también se encuentra Fernando de Rosa, actual vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial. De Rosa, que es magistrado, fue también consejero de Justicia de la Comunidad Valenciana en el Gobierno de Camps.
Otro político que encajaría en el Ministerio sería Federico Trillo, actual coordinador de Justicia del Partido Popular. Fue ministro de Defensa en la última legislatura de Aznar y anteriormente presidente del Congreso de los Diputados.Por otro lado, habría que añadir a Alberto Ruiz–Gallardón, como posible ministrable.
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