La Unidad de Estudios Económicos Sectoriales

La Unidad de Estudios Económicos Sectoriales no sólo investigó a Juan Abelló, sino también a otras grandes fortunas, como Jesús Polanco, y distintos sectores de la economía, entre ellos el pesquero, el funerario y las cajas rurales. Apuntaron la existencia de enormes fraudes al fisco, pero paralelamente se registraron actividades irregulares de algunos inspectores. Un cúmulo de sucesos terminó con la desaparición de la unidad, un proceso judicial sin condenados en Hacienda, chantajes a empresarios y una bolsa de fraude fiscal de proporciones titánicas al que la Agencia Tributaria no metió mano.

Una vez consultadas fuentes de ambos lados de la trinchera y otras que conocieron las interioridades de todo lo que ocurrió alrededor de esa área de Hacienda, con distinto grado de implicación, se puede trazar una radiografía de la historia. La Unidad de Estudios Económicos Sectoriales fue creada en los ochenta para apoyar a la Inspección de la Agencia Tributaria. Su cometido era elaborar informes que ayudaran a perseguir el fraude fiscal. Los inspectores que allí trabajaban no levantaban actas ni sancionaban, sino que debían marcar el camino a los funcionarios de Inspección Financiera y Tributaria.

A mediados de los 90, las actividades de esta unidad de élite eran prácticamente irrelevantes, hasta que se dieron cita una serie de inspectores veteranos y, varios de ellos, “incómodos”, destinados allí como en un cementerio de elefantes. El jefe era Jesús Vidart, un hombre con prestigio en la casa. A su cargo estaban Mariano Navarro-Rubio -hijo del ministro de Hacienda y gobernador del Banco de España durante el franquismo del mismo nombre-, José María Sánchez Cortés -el autor del informe sobre Abelló-, Alfredo Pérez Lodares, Francisco Villar y Juan José Sánchez Diezma, entre otros. A estos se les abrió un expediente por el acceso “indebido” a algunos datos de Hacienda, por ejemplo referentes a contribuyentes con los que podían mantener relación o asesoramiento.

Fraudes del 50% de la facturación

El caso es que algunos de estos inspectores destaparon posibles fraudes en contribuyentes y sectores de enorme relevancia. Concluyeron que la pesca de bajura declaraba a Hacienda menos de la mitad de las capturas reales. Algo parecido ocurría en el sector del mueble, que cobraba en negro parte de su facturación utilizando giros postales, o en el funerario, donde existía un fraude de 35.000 millones de pesetas (unos 210 millones de euros). Una empresaria del ramo tenía un patrimonio de 5.000 millones de pesetas (30 millones de euros) y nunca en su vida había presentado la declaración de la Renta.

Algún superior de la Agencia Tributaria llamó la atención a los inspectores de la unidad, a los que dijo que no se podían cargar sectores de la economía tan relevantes, que la Inspección no podía crearse tantos enemigos. Los vieron como unos “kamikazes”. La situación se agravó cuando comenzaron a ponerse sobre la mesa nombres tan influyentes como Abelló, Polanco, algún banquero o prestigiosos despachos de abogados. El Gobierno de Aznar recibió llamadas y la Agencia prohibió a los inspectores la investigación de ciertos patrimonios. De hecho, un mínimo de tres informes desaparecieron para siempre de los escritorios de los inspectores, en una época en la que se elaboraban a máquina. No hay copias informáticas.

Paralelamente, se registró una fuga de estudios que terminaron en manos de gente que, supuestamente, pagó por ellos para utilizarlos contra los investigados. Dos empresarios denunciaron haber sido chantajeados: Juan Abelló, como ya ha contado El Confidencial y Jesús Polanco. El dueño del Grupo Prisa demandó a José María Ruiz-Mateos Rivero, uno de los hijos del fundador del grupo de la abeja, que fue condenado a seis meses de prisión por exigir a Polanco una serie de pagos para el Rayo Vallecano con el informe como amenaza. Este diario ha confirmado que Polanco encargó personalmente un reportaje publicado en El País el 25 de julio de 1999 bajo el título “Una banda en la inspección de la Hacienda”.

Investigaron la Unidad de Estudios

Según las fuentes consultadas, pudo haber algún empresario que pagó a cambio de que no se conocieran las tripas de sus finanzas, que apuntaban fraudes fiscales gigantescos. Obviamente, era muy complicado chantajear a quien abonaba religiosamente sus tributos, al tiempo que todas las cifras que contenían los informes procedían de las bases de datos Hacienda: no eran inventados.

La Agencia Tributaria hizo una investigación interna en la que concluyó que los inspectores de la Unidad de Estudios Económicos Sectoriales no estaban implicados en la venta de los informes. No obstante, el ex abogado de un importante empresario asegura a este diario que fue testigo de cómo “algún inspector vendió estudios” sobre las grandes fortunas de este país.

En el año 2000 el juzgado de instrucción número 38 de Madrid abrió un procedimiento contra el inspector Mariano Navarro-Rubio y otras personas por una supuesta red de asesoramiento a empresarios sobre sus problemas fiscales, merced a la posición que ocupaban en la Agencia Tributaria. En 2002, tras varios registros domiciliarios y otras diligencias, el juez archivó la causa al no existir “perpetración de delito”.

¿Héroes o piratas?

Antes, en abril de 1999, Hacienda había disuelto la Unidad de Estudios Económicos Sectoriales. Unos dicen que fue porque importunaron al poder con mayúsculas; otros, porque los inspectores eran unos “piratas”. No obstante, una fuente del más alto nivel de la Agencia Tributaria en ese tiempo, que ha pedido a El Confidencial no ser citado con nombres y apellidos, asegura que la unidad “no fue disuelta, sino integrada en la nueva Oficina Nacional de Investigación del Fraude”, la ONIF. Sostiene que los motivos fueron que “la unidad no estaba dotada de los medios necesarios y generaba malestar en el departamento de Inspección, donde no les gustaba trabajar sobre los informes que habían elaborado otros inspectores, sino que preferían manejar ellos todo el proceso”.

Fueron unos años en los que el porcentaje de la economía sumergida era brutal y no se perseguía con los medios oportunos. Conviene recordar que el Gobierno de Felipe González aprobó dos amnistías fiscales en 1984 y 1991 para hacer aflorar las enormes bolsas de dinero negro sin sanción alguna. Tampoco había mecanismos ni un marco legal adecuado para luchar contra las fortunas depositadas en paraísos fiscales, que apenas tributaban en España, donde registraban sus actividades. Se ha avanzado en este campo con distintos convenios internacionales, pero la impunidad sigue campando a sus anchas.