Los años que vivimos PELIGROSAMENTE

Segovia al día les ofrece varios extractos del libro de Mariano Guindal, Los días que vivimos peligrosamente, por cortesía de Editorial Planeta.

Solbes ignoró la crisis financiera a pesar de la contundente advertencia que le hicieron por escrito los inspectores del Banco de España  en mayo del 2006. 

Solbes hizo caso omiso de la carta que los inspectores del Banco de España, siendo gobernador Jaime Caruana, le remitieron el 26 de mayo de 2006, y en la que, entre otras cosas, le decían: «Nos vemos obligados a hacer constar que el nivel de riesgo acumulado en el sistema financiero español como consecuencia de la anómala situación del mercado inmobiliario es muy superior al que se desprende de los discursos del gobernador». Los inspectores advertían al vicepresidente que bancos y cajas tenían que recurrir cada vez más al exterior para dar créditos e incluso a «vías no tradicionales de financiación», como las totalizaciones de las hipotecas, tal como se había hecho en Estados Unidos con las subprime o a la emisión de participaciones preferentes, mucho más arriesgadas que la captación de depósitos.

Los inspectores del Banco de España clamaban en el desierto. Nadie quería oírles decir que se había relajado la concesión de créditos, generalmente otorgados con una enorme alegría, por lo que consideraban previsible «que el nivel de solvencia de las entidades financieras españolas acabe viéndose afectado una vez cambie la coyuntura y se manifieste el riesgo latente en sus carteras». La carta la firmaba el presidente de la Asociación de Inspectores, Juan Manuel Quintero.


El secretario de organización  del PSOE, José Blanco tomó la decisión de negar la crisis para evitar que se les acusase de haber mentido para ganar las elecciones. 

Los socialistas decidieron mentir a los españoles para ganar las elecciones generales del 2008: negaron la crisis y mantuvieron contra viento y marea que todo iba bien y que los problemas eran turbulencias sin importancia. La decisión fue tomada por el entonces número dos del PSOE y secretario de organización, José Blanco, durante una de las reuniones de "maitines" que celebraban a diario los dirigentes socialistas.
 
Las grandes fortunas apostaron por el sector inmobiliario para incrementar su riqueza. Cuando estalló la "burbuja" pusieron pies en polvorosa y sacaron sus capitales al exterior.
Los ricos que se habían aprovechado de la especulación inmobiliaria pusieron pies en polvorosa cuando estalló la burbuja. De las diez primeras fortunas de España, siete estaban ligadas de una u otra manera al ladrillo.

Todos estos ricos cimentaron sus fortunas gracias a los créditos recibidos por los bancos. Hasta junio de 2008, los créditos a los promotores de propiedades alcanzaban la escalofriante cifra de 313.000 millones de euros, diez veces más que al comienzo de la década. Por eso, cuando los bancos dejaron de darles dinero prestado, muchos de ellos se declararon en suspensión de pagos. Pero ¿qué había pasado con las grandes fortunas que habían obtenido?
Sencillamente las ocultaron. Se salieron del ladrillo y de España y se las llevaron al extranjero.


Siete de cada diez ricos apostaron por la especulación inmobiliaria. 

Siete de las diez primeras fortunas españolas apostaron por la burbuja inmobiliaria y se hicieron inmensamente ricos. Cuando estalló, abandonaron el barco con enorme habilidad y apostaron por países y valores más seguros. La lista de los ricos ligados a la construcción desde hace años la encabeza Amancio Ortega, presidente de Inditex, quien diversificó sus inversiones en propiedades inmobiliarias; Otro empresario que acumuló una enorme fortuna gracias a su empresa Ferrovial fue Rafael de Pino, quien dejó a sus herederos una de las primeras constructoras del mundo; José Manuel Entrecanales, primer gestor de Acciona, consiguió amasar una enorme fortuna gracias a sus "pelotazos" con las concesiones administrativas, primero con las licencias de los móviles y después con los favores obtenidos en el sector eléctrico; Esther Koplowitz y su hermana Alicia, amasaron una enorme fortuna a través de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC); Manuel Jové escapó a tiempo del negocio inmobiliario y se incorporó al BBVA, banco del que se convirtió en primer accionista; Alberto Alcocer y Alberto Cortina, que junto con los March y Florentino Pérez controlaban ACS, se hicieron primero Fenosa y después lo intentaron con Iberdrola; Juan Abelló, Luis del Rivero, José Manuel Loureda y Manuel Manrique, que controlaban Sacyr e intentaban hacer lo propio con Repsol. Y todo esto sin olvidar a Juan Miguel Villar Mir, ministro de Hacienda con Carlos Arias Navarro, que saltó a los negocios con OHL, que presidia y controlaba.

A estos había que añadir los nuevos ricos, como Bañuelos, propietarios de Afirma; Jesús Ger García, dueño de Marina D'Or, promoción con la que, efectivamente, se hizo de oro; la familia Sanahuja, propietaria de Metrovacesa, que empeñó todo su patrimonio personal en la promotora Sacresa para dominarla; Rafael Santamaría, dueño de Reyal Urbis, una de las principales promotoras del país, del nivel de Martinsa, que dominaba Fernando Martín.


Solbes vendió el oro que se guardaba en el Banco de España a un precio ridículo y poniendo de manifiesto que lo suyo no eran las inversiones. 

Pedro Solbes cometió un gravísimo error al negar la crisis económica cuando era un clamor que la burbuja inmobiliaria había estallado con todas sus consecuencias. Su segundo pecado fue autorizar al Banco de España, un año antes de iniciarse la crisis, vender el 32 por ciento de las reservas de oro porque, según dijo, «ya no es una inversión rentable", una desafortunada valoración que se volvió en su contra cuando, tres años después, el precio del noble metal se triplico, como tradicional valor refugio que es. «Vaya ojo tiene para las inversiones». El Tesoro dejo de ganar una auténtica fortuna por aquella decisión, me comentó en cierta ocasión Ramón Tamames.
 

Zapatero en plena crisis se negó a congelar el salario de los funcionarios como le pidió Solbes y prefirió subirles un 5% como quería Elena Salgado. Dos años después se vio obligado a rebajárselo en la misma proporción. 

Aquel fue el primer enfrentamiento serio entre el presidente y el vicepresidente. Tuvo lugar durante la reunión del Consejo de Ministros para aprobar los presupuestos generales del Estado para 2009. La ministra de Administraciones Publicas, Elena Salgado, había firmado con los sindicatos un acuerdo para el periodo 2007-2009, que preveía incrementos salariales que, entre unas cosas y otras, superaban el 5 por ciento de la masa salarial. Solbes dijo que en medio de aquel tsunami ese acuerdo no se podría cumplir por mucho que se hubiese firmado con los sindicatos. La bronca fue monumental y Zapatero dio la razón a la ministra Salgado. Aquella fue una de las grandes irresponsabilidades del presidente. Subir el poder adquisitivo de los empleados públicos —que tenían el puesto de trabajo asegurado— cuando se habían destruido más de un millón de empleos y el paro superaba la cifra de cuatro millones, no parecía ni lo más solidario ni lo más conveniente, porque constituía una señal negativa para el resto de los trabajadores. En consonancia con ese tipo de enfoques, los costes laborales fueron posteriormente subiendo durante toda la crisis, lo que provocó que el ajuste de costes para recuperar la competitividad que se había perdido durante el "boom" se hiciese recortando las plantillas.


Moody´s, S&P y Fitch aprovecharon el engaño griego sobre el déficit público para recuperar la credibilidad perdida degradando la calificación de su deuda hasta situarla en bono basura. 

Cuando Yorgos Papandreou tiró de la manta y destapó el pastel, las agencias de rating —Moody´s, Standard&Poor´s (S&P) y Fitch— aprovecharon la ocasión para recuperar la credibilidad que habían perdido. Su tino estaba más que en entredicho, y no solo por haber calificado como seguras las titulizaciones de créditos subprime. Habían alcanzado el nivel del disparate cuando mantuvieron la máxima calificación de solvencia a Lehman Brothers hasta el día en que quebró. Una más que dudosa actuación, que venía precedida por el error mayúsculo cometido en 2001 cuando concedieron la triple A de máxima solvencia a la eléctrica estadounidense Enron poco antes de que quebrara y se descubriese la monumental estafa. El castigo para las tres agencias —las Big Three—, que controlaban el 90 por ciento de su mercado y ganaban todos los años más de 2.000 millones de dólares, había sido la pérdida de credibilidad. Resultaba muy sugerente pensar que las agencias de calificación de riesgo formaban parte de un complot urdido por una "mano negra" para hundir a los gobiernos de izquierdas o para terminar con la amenaza del euro al dólar como moneda refugio. Pero, sencillamente, no era cierto. Lo que sí parece verdad es que, después del patinazo que habían dado en la crisis financiera, su espléndido negocio empezaba a estar en peligro y necesitaban con urgencia  un chivo expiatorio que encontraron en Grecia.


El Financial Times le estropeó la presidencia europea a Zapatero cuando escribió que España estaba potencialmente peor que Grecia. 

«El nivel de deuda y el déficit presupuestario de Grecia han ocupado recientemente el centro de la escena. Pero en España se gesta un drama en potencia aun mayor». La sorpresa fue tal que se le cayó de las manos el resumen de prensa que le había preparado la secretaria de Estado de Comunicación, Nieves Goicoechea. Pero, ¡Cómo se le ocurría al editor del Financial Times tal barbaridad!, y nada menos que en la Lex Column, que leían como la Biblia todos los inversores del mundo. Pasaría lo mismo en España? De nuevo nos inquietó la imagen a cámara lenta de los dos trenes a punto de chocar. El Gobierno de Rodríguez Zapatero estaba repitiendo milimétricamente los mismos pasos de Papandreou sin ser consciente de ello.


España ante su Pearl Harbor 

«El bombardeo especulativo que está sufriendo España es comparable al que padecieron los norteamericanos en Pearl Harbor». Esta expresión utilizada por el presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, y repetida en términos similares por otros mandatarios europeos en los primeros días de aquel funesto mes de mayo de 2010, fue el inicio de la guerra de la deuda soberana. Una comparación que me resultaba un tanto exagerada, hasta que escuché a la canciller Merkel afirmar que nos encontrábamos «en los momentos más peligrosos desde la segunda guerra mundial».


Zapatero encargó a los servicios secretos españoles que investigasen la trama contra la especulación que existía contra el bono español. 

El presidente Zapatero llegó a pedir al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que investigase quién estaba detrás de aquellos ataques especulativos contra la deuda española. En la calle, corrió la noticia de que el 2 de febrero se había celebrado en Nueva York una cena a la que habían asistido los gestores de los principales fondos de inversión del mundo. Se insinuaba que se trataba de la "mano negra" que estaba manipulando el mercado. Su objetivo, se decía, era hacer caer el euro y asegurar que el dólar siguiera siendo la moneda de referencia en el mundo. Empero, la realidad resultó más prosaica: los servicios secretos españoles descubrieron que lo único que estaba detrás de esos ataques especulativos era la codicia.


Todos contra Merkel 

Esta posición de dureza por parte del pueblo alemán contra los griegos fue ferozmente criticada por algunos países, España entre ellos, que la calificaron de "egoísta". e "insolidaria". Ignacio Fernández Toxo me comentó que «los alemanes no deberían olvidar que fuimos el resto de los países europeos quienes les ayudamos cuando decidieron unificar las dos Alemanias». Hubo opiniones incluso más duras, como la que me confió el conocido abogado madrileño, Juan Antonio Sagardoy: «Alemania va a conseguir ahora lo que no logró durante la primera y la segunda guerra mundial: someter a Europa».


Zapatero rechazó el apoyo que le ofreció Rajoy para consensuar un plan de choque. 

El 5 de mayo, Zapatero se reunió con Mariano Rajoy para preparar la cumbre europea. El jefe de la oposición acudió a esa cita aleccionado por el arisco ministro de Finanzas alemán Wolfgang Schäuble, a quien conocía de las reuniones del PP europeo. Cuando por fin estuvieron a solas, Rajoy le pidió al presidente que se olvidase del "giro a la izquierda", a lo que Zapatero se negó.

Rajoy abandonó la Moncloa convencido de que Zapatero había perdido la cabeza. Se había convertido en parte del problema. Pero si aquí no eran capaces de convencerle para que cambiase su política económica ya lo harían desde Bruselas y mucho antes de lo que él pensaba.


El día que España quedó bajo la tutela del «directorio europeo». 

La noche del 9 de mayo del 2010 fue la más triste de Elena Salgado. La ministra tuvo que reprimirse para no llorar: no podía dar una imagen de debilidad como presidenta del Ecofin, aunque no fue por falta de ganas. Ya en la madrugada tuvo que aceptar el fin de Zapatero y entonces lloró en lo más profundo de su alma de rabia y de impotencia. Aquella maldita noche comenzó "el dolor en España", como le gustaba decir, con una cacofónica expresión, a la prensa británica: The Pain in Spain.

La reunión del Eurogrupo en una sala del edificio Justus Lipsius de Bruselas —cuartel general del Consejo Europeo—, en el piso 50.1, empezó tarde. Elena se comunicaba con Zapatero mediante mensajes cortos de texto del móvil. Parecían dos colegiales enamorados, pero era la única fórmula de estar en contacto permanente. A miles de kilómetros, el presidente del gobierno español había reunido en la Moncloa una especie de gabinete de crisis, formado por Alfredo Pérez Rubalcaba, José Blanco, José Antonio Alonso y Leire Pajín.
Salgado se defendió como pudo hasta el final. Por fin, rayando el alba del lunes día 10, llamó a Zapatero para decirle que habían llegado a un punto intermedio entre el recorte que exigía Alemania y el que pretendía realizar España: 5.000 millones para 2010 y 10.000 para 2011. En total el 1,5 por ciento de PIB. "¡Acéptalo!", ordenó el presidente.

Los mercados lo aceptaron con euforia pero para el presidente de los Estados Unidos era totalmente insuficiente. Obama llamó a Merkel y a Sarkozy para decirles que no todos los problemas eran fiscales, porque existía una peligrosa falta de competitividad. España tenía que complementar los recortes con reformas estructurales de su sistema de pensiones y de su mercado laboral para recuperar la senda de crecimiento y pagar así lo que debía; y tenía que anunciar esas medidas de forma inmediata. Pocas horas después, Angela Merkel dictó sentencia: «España y Portugal serán observados y vigilados». El directorio alemán «acababa de tomar las riendas de la economía española».


Obama fue la voz de la conciencia de Zapatero: "¡España está quebrada!" 

Al día siguiente, martes 11 de mayo, la Oficina Económica de Moncloa ya tenía un informe completo sobre las diferentes alternativas. A las cinco de la tarde, el presidente recibió una llamada de Barack Obama por el "teléfono rojo". Trató de ser amable, a la vez que tajante, al manifestar su preocupación por los problemas financieros derivados de la abultada deuda exterior de España.
—Presidente, no se preocupe que está todo bajo control —intentó calmarle Zapatero, como él mismo ha relatado a personas de su confianza—. Las medidas aprobadas en el Ecofin el domingo van a blindar a Europa de los ataques especulativos. Además, en unas horas anunciaré en el Parlamento español un duro ajuste. Me preocupa, como le ocurre a usted, que nos quedemos sin margen para apuntalar la recuperación que está en marcha.
 —Mire, presidente—le respondió Obama—, el estímulo fiscal más barato es la confianza.
—Las cosas no están tan mal como se está diciendo —insistió el español.
—Tengo muy buena información sobre lo que está ocurriendo en la economía española —le espetó Obama—. Y si España no consigue financiación de inmediato está en quiebra.
— ¿Cómo...?
—No le queda más remedio que anunciar un plan lo suficientemente contundente como para devolver la calma a los mercados, por lo que debe contener profundas reformas. A partir de ahí, entre todos vamos a ayudar a España a salir de ésta.


Rajoy votó contra el plan de ajuste de Zapatero porque creyó que le iba hacer caer pero le falló CiU y quedó como un irresponsable. 

El 26 de mayo, un día antes de que el proyecto de ajuste del gobierno se sometiera a convalidación parlamentaria, el "poder del dinero" volvió a movilizarse para garantizar que el plan fuera aprobado. Durante toda la jornada, los grupos parlamentarios recibieron llamadas de dentro y fuera del país. Ninguno quería implicarse en unas medidas tan impopulares y, además, ninguno era plenamente consciente de la gravedad de la situación.

Ese y el siguiente día fueron dos de las jornadas en las que los españoles vivimos más peligrosamente. Paradójicamente, aunque como otras tantas veces y por razones distintas, la izquierda y la derecha coincidieron en el Parlamento para votar en contra del gobierno. Por ello, al grupo parlamentario socialista no le salían las cuentas para que se aprobara el plan exigido por Europa, del que dependían demasiadas cosas.

El presidente del PP, por su parte, no hacía caso a nadie. En su opinión, él ya había hecho lo que tenía que hacer cuando el 5 de mayo ofreció a Zapatero un pacto de Estado. Y sobre todo, estaba convencido de que el gobierno caería al día siguiente si no era capaz de conseguir que el Parlamento aprobara  su proyecto. Tenía la confirmación de que nadie apoyaría a Zapatero, ni tan siquiera Convergencia i Unió (CiU). «Ese día, Rajoy se comportó como un auténtico irresponsable».


El "corte de pelo" propuesto por Merkozy precipitó la intervención de Irlanda y Portugal y dejó a España contra las cuerdas. 

El paseo otoñal de Ángela Merkel y Nicolás Sarkozy mientras atardecía en el romántico balneario francés de Deauville nos costó carísimo a los europeos. La declaración de hacer pagar a los acreedores una parte de la deuda de los países insolventes, "el corte de pelo" como se empezó a denominar en el argot financiero al default  o a "quita" elevó la desconfianza de los inversores en el Viejo Continente hasta extremos insospechados. El 22 de noviembre de 2010, Irlanda tuvo que aceptar la ayuda propuesta por la Unión Europea tras haber incrementado su déficit público hasta el 32 por ciento de su PIB. Meses más tarde correría la misma suerte Portugal mientras que  pusieron a España e Italia contra las cuerdas. El panorama era tan tétrico que viendo lo que se venía encima, el gobernador del BCE, Jean-Claude Trichet se opuso rotundamente a la quita propuesta. Fue entonces cuando el presidente de la Comisión Europea, Herman van Rompuy, declaró que la eurozona vivía "una crisis de supervivencia".


Strauss-Kahn fue víctima de una trampa tendida por los servicios secretos alemanes y franceses con la colaboración de la CIA. 

Semanas antes de la detención del director del FMI las autoridades monetarias estadounidenses mantenían discretas reuniones con Dominique Strauss-Kahn, para tratar sobre el reciclaje de la deuda de Estados Unidos, que había alcanzado su techo de 14,3 billones de dólares. Uno de los aspectos más controvertidos de las conversaciones era la posibilidad de que Estados Unidos renunciara parcialmente al papel hegemónico que había tenido hasta ese momento, en favor de los países emergentes en general y de China en particular.

Se planteaba incluso la necesidad que, en el futuro, hubiera una divisa mundial no perteneciente a ningún país. Unas ideas un tanto revolucionarias y peligrosas en boca de un socialista como Strauss-Kahn para los intereses confluyentes en la divisa del Tío Sam. Meses después comenté este asunto con el nieto de José María de Areilza (ex ministro español de Asuntos Exteriores), un hombre muy bien conectado en la alta política internacional.
Según me contó, en determinadas esferas se creía a pies juntillas que el caso Strauss-Kahn fue un complot: «Un veterano responsable de los servicios secretos alemanes me dijo que no tenía la menor duda de que había sido obra de los servicios secretos franceses y alemanes en colaboración con la CIA».


El 15-M a quien más daño electoral causó fue al PSOE siendo una de las principales causas de su hundimiento. 

Hubo dirigentes socialistas convencidos de que aquel gran fracaso de la izquierda española fue debido en parte a la protesta de los indignados del 15-M, quienes catalizaron el malestar social producido por la errática política de Zapatero.

Ese movimiento espontáneo molestaba a ambos partidos, pero quienes mostraban mayor inquietud, según me comentó mi amiga de El País, Anabel Díez, eran los socialistas. Aquel magma asambleario, sólo catalogable como de izquierdas en sentido muy amplio, sin cabeza visible, que se comunicaba y organizaba a través de blogs, Twitter y Facebook, hizo de altavoz a las críticas al gobierno. Era el reflejo del voto de castigo de los desencantados con la izquierda política.

Los votantes del PP, por su parte, no se sintieron afectados por aquellas protestas. Ni simpatizaron con los manifestantes ni compartieron sus denuncias. Por el contrario, los descalificaron con apodos como el de "perroflautas".


Desde el 5 de agosto de 2011, España está bajo la supervisión de Europa tras recibir la carta "secreta" del BCE imponiendo duras condiciones para seguir comprándonos deuda. 

El 5 de agosto se desató el pánico vendedor en las bolsas. Europa bordeaba su desintegración, y eso podría llevar al mundo a una depresión comparable a la que siguió al crac bursátil de 1929. Por la tarde de aquella histórica jornada en el Palacio de la Moncloa se recibió una misiva firmada mancomunadamente por el presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, y por Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

La misiva detallaba las principales medidas que el gobierno español debía tomar, descritas en el enrevesado lenguaje comunitario. Eran estas ocho:
1. Reforma de la negociación colectiva que implique una efectiva descentralización de la negociación salarial.
2. Abolición de las cláusulas de indiciación de los salarios con la inflación.
3. Adopción de medidas especiales para alentar la moderación salarial en el sector privado.
4. Creación de un contrato de trabajo excepcional con un coste de despido muy bajo durante un período de tiempo delimitado (para poner en práctica durante sólo dos o tres años).
5. Eliminación de todas las restricciones a la concatenación de los contratos temporales.
6. Puesta en práctica de medidas adicionales de consolidación fiscal del orden del 1 por ciento del PIB, para garantizar el cumplimiento del objetivo de terminar 2011 con un déficit del 6 por ciento, comprometido en el Plan de Estabilidad.
7. Implantación estricta de los controles sobre los presupuestos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.
8. Introducción de una nueva reglamentación del gasto que limite su incremento al crecimiento tendencial del PIB español.


Zapatero adelantó las elecciones generales para no sufrir el mismo destino de Berlusconi en Italia o Papandreou en Grecia. 

¿Qué había pasado para que Zapatero renunciara a cumplir su deseo de agotar su mandato? La causa parecía evidente. El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, le había anticipado que la situación económica iría a peor y que recibiría una carta del BCE comunicándole que el banco del euro sólo compraría bonos españoles si España se comprometía a cumplir un ajuste tres veces más duro que el que le habían impuesto el 9 de mayo del 2010.

Con semejante dura advertencia en la mano no era de extrañar que Zapatero convocara elecciones nada menos que con cuatro meses de antelación. Su propósito estaba claro, era la única forma de garantizar al "directorio" que se iría por su propio pie. Silvio Berlusconi se resistió y se vio obligado a dimitir el 12 de noviembre, cediendo el testigo al economista y ex comisario europeo Mario Monti. Lo mismo le sucedió al griego Yorgos Papandreou, forzado a marcharse y ceder el cetro al tecnócrata Lucas Papademos pocos días antes que Berlusconi.


Antonio Sáinz de Vicuña le filtró una copia de la carta secreta a Rajoy. 

La carta secreta llegó a manos de Mariano Rajoy porque le dio una copia el abogado general del BCE Antonio Sáinz de Vicuña, según me comentó un miembro del gobierno. Por esta razón, cuando el presidente del gobierno llamó a Rajoy para proponerle acordar nada menos que un cambio exprés de la Constitución para limitar el déficit, tal propuesta no le cogió por sorpresa. Se pusieron de acuerdo en menos de diez minutos.

Rajoy negó que existiera «un plan B» y Montoro aseguró que no subirían los impuestos.
Los socialistas acusaron a los populares de tener un plan secreto para después de las elecciones. Rajoy lo negó con un rotundo: "No existe ningún plan B", a la vez que Cristóbal Montoro daba su palabra de honor de que jamás subiría los impuestos ni recortaría el gasto social. Mientras tanto, los sindicatos españoles aguantaban y Zapatero volvía a apostar por una "leve recuperación de España". Todos mentían.

La situación económica se volvía a deteriorar a pasos agigantados. Se superó la crisis de agosto, pero los mercados volvieron a la carga. España seguía azotada por un huracán financiero y los pronósticos eran aún peores, al punto en que un destacado miembro del gabinete de Miguel Sebastián me comentó en uno de aquellos días: "No vamos a llegar al 20 de noviembre sin que nos intervengan. Al menos nosotros trabajamos con esa hipótesis desde la vuelta del verano».

Efectivamente a finales de noviembre la situación se había deteriorado tanto que, a pesar de la mayoría absoluta de Rajoy, que la prima de riesgo española escaló hasta los cuatrocientos veinte puntos básicos, mientras que los bonos a diez años se remuneraban a casi el 7 por ciento, los valores más altos en más de una década. España volvió a estar a punto de ser intervenida. De nuevo lo evitó el BCE  con un plan de compra masiva de bonos españoles.


A José María Aznar le pareció poco abultada la derrota del PSOE: «Se tenían que haber quedado con 40 diputados». 

El 20 de noviembre de 2011 los españoles torcieron a la derecha en un intento reflejo de escapar de la crisis económica. No lo consiguieron. Aquel día se cerraba una época, que había durado exactamente treinta y seis años, y empezaba una nueva. Mariano Rajoy, hasta ese día considerado por los suyos como un líder sin carisma, un hombre sin personalidad, un timorato, y hasta un tonto de baba, se convirtió en el héroe de los conservadores al lograr una mayoría aplastante, frente a la izquierda en general y sobre los socialistas en particular. Nunca antes en la historia de la nueva democracia española un dirigente político acumuló tanto poder para poder cumplir las exigencias europeas.
A José María Aznar le pareció poca la abultada derrota del PSOE: «Se tenían que haber quedado en cuarenta diputados en vez de en los ciento diez que han obtenido. Sólo así se podría empezar a arreglar esto de verdad».


Rajoy desaprovechó los cien primeros días de gobierno para dar confianza a los mercados. 

La última semana de marzo de 2012 se desató uno de los ataques especulativos más virulentos de la crisis. Hasta el punto de que la Comisión Europea volvió a sugerir a España que recurriera al fondo de estabilidad para lograr la ayuda necesaria con el fin de recapitalizar el sistema financiero. Rajoy había cometido cuatro graves errores: en primer lugar, desafió a las autoridades europeas al cambiar unilateralmente el objetivo de reducción del déficit público en 2012, elevándolo del 4,4 al 5,8 por ciento; en segundo lugar, no disimuló el déficit heredado del gobierno socialista revisándolo al 8,5 por ciento; en tercer lugar, aplazó la aprobación de los presupuestos (y con ello la mayor parte del ajuste) hasta después de las elecciones andaluzas. Y, por último, fue incapaz de dar una salida a Bankia que se terminó convirtiendo en un problema sistémico.

Por si esto no fuese poco, los sindicatos convocaron una  huelga general para el 29 de marzo lo que hizo pensar a los inversores que España se estaba comportando igual que Grecia. Rajoy y su equipo no supieron hacer pedagogía de su política. La prima de riesgo superó los 360 puntos básicos y nos animó de nuevo al precipicio del default.


Juan Luis Cebrián denuncia un complot contra la Corona. 

El 27 de marzo, el consejero delegado del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, durante un almuerzo reservado que mantuvimos en la Asociación de Periodistas Europeos, nos comentó que existía una campaña para desestabilizar a la Monarquía.

Según dijo era una conspiración similar a la que se había producido una década antes, promovida por la extrema derecha. Ésta fue la razón por la que El País decidió apoyar la continuidad de don Juan Carlos con un comentado editorial.
Cebrián argumentó que España vivía unos momentos de extrema gravedad: «Si la tensión social va en aumento, la cohesión territorial sigue deteriorándose y la economía se mantiene en recesión con cerca de seis millones de parados, la Unión Europea nos tendría que intervenir y la suspensión de pagos sería una posibilidad real. Una catástrofe de esta magnitud haría volver el hambre a España, como ya empieza a pasar en Portugal y Grecia. En esa situación, la democracia a una buena parte de la población la importaría una higa». Escuchar estas palabras de una de las personas más influyentes nos congeló el alma.

Aquellas palabras fueron proféticas. El mes de abril de 2012 fue horribilis para España. Los presupuestos no habían logrado ganar la confianza como demostró la prima de riesgo (436 puntos básicos el 10 de abril). España ya no era dueña de su destino.