El diagnóstico está claro. El Estado autonómico es una ruina ineficiente y con veleidades secesionistas. Y los partidos, pequeñas dictaduras que sofocan la representatividad. Estos son los remedios propuestos desde varias plataformas.

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  ES NECESARIO

  Una dieta de adelgazamiento para autonomías y partidos

  33 COMENTARIOS ALFONSO BASALLO Y PEDRO BRAVO

  El diagnóstico está claro. El Estado autonómico es una ruina ineficiente y con veleidades secesionistas. Y los partidos, pequeñas dictaduras que sofocan la representatividad. Estos son los remedios propuestos desde varias plataformas.

• Su nombre circula por Juntas y Govern como si fuera el de un peligroso jacobino que quiere retrasar el reloj a los años 70, cuando no existían las autonomías. Y alguna comunidad como La Rioja busca medidas legislativas para blindarse como autonomía ante sus propuestas. Pero Tomás Ramón Fernández no es ni un jacobino irredento ni tampoco un nostálgico de los viejos reinos en que se dividía España.Lo único que pretende este catedrático de Derecho Administrativo es poner coto a la deriva institucional y económica del Estado autonómico, racionalizarlo, acabar con las duplicidades y lograr que funcione como modelo de Estado descentralizado pero eficaz.
  La propuesta del profesor Fernández, que hizo a través de la Fundación Transición, incluye la posibilidad de reducir el número de comunidades, de suerte que dos de las uniprovinciales, La Rioja y Cantabria, podrían integrarse en Castilla. Pone el ejemplo de los länder alemanes, que se está estudiando la posibilidad de reducir de 16 a 10.
  Goteras de la democracia
  “Hay goteras en nuestra democracia, comenzando por el Estado autonómico y siguiendo por los partidos. Y muchos lo ven y creen que hay que emprender reformas, pero nadie se atreve a dar el paso”, explica el profesor Fernández. “Mi propuesta es una más, y la he formulado a través del informe, antes de que sea demasiado tarde, antes de que nacionalistas vascos y catalanes activen la espita secesionista y sea demasiado tarde”.
  El profesor Fernández parte de la base de que el Estado de las Autonomías es el epicentro de la crisis institucional que vive el país. Porque el resultado 30 años después de que echara a andar el modelo es que “una España débil está siendo devorada por 17 Estaditos”. El detonante ha sido la crisis económica, ya que el gasto desaforado de las autonomías ha disparado la deuda, llevando al país a una situación insostenible.
  Pero el origen fue la Transición, con un Título VIII de la Constitución que no definía un modelo concreto de Estado autonómico ni detallaba reglas o directivos y dejaba abiertas todas las posibilidades. Lo que aprovecharon los territorios históricos (País Vasco y Cataluña) para forzar un diseño que les favorecía. “Los políticos de la Transición no le tenían fácil –alega Tomás Fernández–, pero quizá se dejaron llevar por los complejos al recoger un clamor popular que identificaba democracia con descentralización”.
  Se diseñó un mapa con 17 comunidades, un número claramente excesivo que no estaba justificado ni por la superficie ni por la población de muchas de esas autonomías. “Es inaudito que tengamos más comunidades que länder hay en Alemania, a pesar de que esta nos dobla en población”. Algunas como
  La Rioja apenas exceden de los 300.000 habitantes, cifra que superan una docena de municipios españoles.Este modelo parece inamovible. “A los dos grandes partidos no les interesa cambiarlo –sostiene Fernández– y a los nacionalistas, menos todavía porque están muy cómodos con su papel”, afirma. “En Alemania, que tantas veces se invoca como referente, se han llegado a plantear la reducción de los länder a solo 10. El modelo allí no es intocable: la Ley Federal de Bonn tiene mecanismos de reforma”.
  El inmovilismo, o la voracidad de los nacionalistas, nos ha llevado aquí a un Estado elefantiásico, con “una interminable retahíla de duplicidades, incluidos organismos como Defensores del Pueblo, Consejos Económicos y Sociales o Tribunales de Cuentas”. Todo ello es innecesario y, sobre todo, “cuesta dinero”. “Me pregunto –dice Tomás Fernández– si las cuentas, por ejemplo, están mejor controladas con tanto tribunal. Pero estamos viendo que no es así”.
  No es una herejía
  La solución que en el informe se propone con el Estado de las Autonomías no es liquidarlo, sino racionalizarlo. “Un modelo territorial claro y de perfiles bien definidos”. Y eso pasa por reducir el número de autonomías. Fernández habla, por lo pronto, de acabar con dos de las uniprovinciales (Cantabria y La Rioja), lo que implicaría que ambas fueran asimiladas a Castilla. “Antes del Estado de las Autonomías, Santander y Logroño formaban parte de la región que entonces se llamaba Castilla la Vieja. Sería más lógico que se integraran en Castilla en lugar de Asturias (caso de Santander) o País Vasco (caso de Logroño)”.
  No es ninguna herejía, aunque como reacción a la propuesta La Rioja presentó una proposición no de ley para blindar la autonomía. Fernández no ve contraindicaciones de constitucionalidad. E invoca el ejemplo alemán. El artículo 29 de la Ley Fundamental contempla la posibilidad de reorganizar el territorio y aduce como motivos “la conveniencia económica”.
  Respecto a Madrid, señala el profesor Fernández que, aunque uniprovincial, es una excepción por su potencial económico. Si bien esta razón aconsejaría su integración en Castilla la Nueva, de la que podría ser motor de desarrollo.
  El informe publicado por la Fundación Transición sugiere dejar el número de comunidades autónomas en solo 13. Serían País Vasco, Galicia, Cataluña, Navarra, Aragón, Castilla la Vieja (con las provincias que antes correspondían a esta región: Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia), Castilla la Nueva (que incluiría Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Albacete) y la comunidad astur-leonesa (con Asturias, León, Zamora y Salamanca), Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y los archipiélagos canario y balear.
  La reforma iría acompañada, además, por otras dos no menos urgentes: la del Régimen Local, para que no graviten sobre el ciudadano cuatro y hasta cinco Administraciones territoriales diferentes (Estado, comunidad autónoma, provincia, municipio e incluso comarca).
  Sostiene Fernández que es un sinsentido mantener artificialmente más de 8.000 municipios, cuando sólo 270 tienen más de 20.000 habitantes y cuando cerca del 80% están en riesgo de despoblación. Sugiere que las que deben adquirir un papel protagónico son las diputaciones provinciales, como base del Régimen Local español.
  Reforma de la ley electoral
  Y, por supuesto, la ansiada reforma de la Ley Electoral para poner freno a la situación de privilegio de los partidos nacionalistas y para limitar el excesivo poder y falta de democracia de los grandes partidos, introduciendo listas abiertas y desbloqueadas.
  Esa falta de democracia interna y esa acumulación de poder de los aparatos de los partidos explica, en parte, la aparición de los casos de corrupción. Así, no es de extrañar que, según los últimos datos aportados por el CIS, la sociedad española sitúe la corrupción y la clase política como dos de sus cuatro principales problemas. La sensación de crisis institucional, unida a la económica, es inevitable. No es casualidad que en las últimas semanas hayan surgido iniciativas de diversos ámbitos ofreciendo recetas para regenerar el sistema y para exigir a nuestros líderes mayor responsabilidad y transparencia.
  Es el caso de tres asociaciones: Enraizados, Escaño 33 y Sesión de Control. Se unieron el mes pasado para escribir el Manifiesto por la regeneración democrática, presentando una serie de medidas que deberían adoptar los partidos políticos, con las que pretenden mover sus conciencias y exigirles que cumplan las reglas morales que les deben a los votantes.
  Las dos primeras –Enraizados y Escaño 33– son asociaciones que se crearon a partir del “deterioro moral y de corrupción que hay en la sociedad”, según cuenta a ÉPOCA el presidente de Enraizados, José Castro, explicando que desde estos dos grupos piensan que “la solución está en algo más profundo que una simple reforma de la ley electoral. La solución pasa por una visión antropológica de la vida, por un rearme moral”.
  Por su parte, Sesión de Control nació como una respuesta ante la falta de supervisión que ostentan actualmente los poderes públicos. De momento, no parece que les esté yendo nada mal: sus seguidores en las redes sociales ya se cuentan por miles y cada vez son más los que dan su apoyo al manifiesto.
  Precisamente es en estas redes sociales donde están basando su estrategia a seguir para buscar respaldo popular. No es su única iniciativa: también han enviado sus exigencias a los portavoces y a los partidos con representación parlamentaria porque, piensan, sólo así, “poco a poco y a empujones, los políticos van reaccionando”. Y es que, asegura Castro, “si la sociedad no hubiera demandado algunas medidas de transparencia, ellos no habrían hecho ninguna. La presión les afecta”.
  Ante la avalancha de grupos que están surgiendo en un intento de cambiar las cosas, y al ser preguntados por el 15-M, desde Enraizados aseguran que no tienen “ninguna relación” con este movimiento, que “se ha visto dominado por la izquierda más radical y totalitaria”. Sin embargo, reconocen que “tenemos en común el descontento ante la falta de transparencia y democracia, aunque la forma de abordar el tema es completamente distinta”.
  Es verdad que la corrupción no afecta sólo a la política, sino que estamos viendo cómo sindicatos, jueces y hasta la propia monarquía están envueltos en estos casos. Sin embargo, “que haya corruptos no se puede impedir”, dice José Castro, para quien “el problema real es cuando el propio sistema permite o facilita el robo, que es lo que está pasando en la política o en la monarquía: la falta de transparencia”. 
  Auditorías independientes
  Entre las medidas que proponen desde este trío de asociaciones está la de conocer claramente las cuentas de los partidos políticos, efectuar auditorías internas independientes, saber de dónde proceden sus ingresos o que solo haya un sueldo por persona. Todo ello siguiendo la máxima de que, como explica Castro, “saber el presupuesto del partido facilita acabar con la corrupción”. Además, también se apuesta por la autofinanciación porque “los recursos de los partidos deberían ser los militantes y simpatizantes.”. Estas mismas iniciativas serían extrapolables a demás asociaciones y sindicatos.
  En torno a esta transparencia también exigen que los partidos hagan, cada seis meses, un análisis del grado de cumplimiento de sus promesas electorales. En el caso de que no estén haciendo lo que prometieron, obligarles a, por lo menos, salir a dar la cara y explicar a los ciudadanos por qué han cambiado su rumbo.
  Enraizados, Escaño 33 y Sesión de Control también se han empeñado en acabar con otra mala praxis como son los cada vez más numerosos casos de políticos que, primero, no están preparados y, segundo, no conocen más actividad que la que han podido desarrollar en los propios partidos o en sindicatos, siempre en el terreno público.
  “La mayor parte de los diputados no ha trabajado fuera de la vida partitocrática”, dice José Castro. Para ello, pide que se conozca abiertamente el currículum vítae de los políticos, su experiencia, porque “quienes nos representan tienen que ser los más preparados. Debemos volver a la cultura del mérito, en lugar de la cultura del dedo en la que nos hemos establecido”.
  Además, en esta misma línea, pretenden hacer una profunda reforma electoral en la que se incluyan listas abiertas para que el ciudadano pueda elegir la persona exacta a la que quiere que vaya su voto. El sistema imaginado sería uno en el que se pueda combinar una gran circunscripción nacional junto con otras circunscripciones mucho más pequeñas, que se obtendrían de dividir las provincias y que serían unipersonales.
  En estas últimas los votantes elegirían directamente quién quieren que les representen, lo que haría que los ciudadanos se sintieran identificados con los políticos que les gobiernan.
  Desde Enraizados aseguran que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, al menos de momento, “no están por la labor de acometer estas reformas”, asegurando claramente que “están en una onda totalmente contraria”.
  Sin embargo, tienen sus esperanzas puestas en pequeños partidos como UPyD o Ciudadanos, que son los que, dicen, mejor cumplen los puntos que ellos están exigiendo. “Tienen menos que perder y mucho más que ganar”, afirma Castro, recordando que “el resto son bastante opacos”